Florentino Pérez atendió a la prensa tras la Junta de Accionistas, el pasado 8 de mayo.
Las votaciones de la última Junta de Accionistas de ACS han sorprendido a propios y extraños. Del 61,5% de presentes o representados, el 40,4% votó en contra de la remuneración de los consejeros, incluidos los 20,1 millones que ganó Marcelino Fernández Verdes, número dos del grupo. Es un porcentaje nunca visto en una empresa del Ibex. Y no sólo eso: el rechazo (40,2%) se amplía a la política de remuneraciones del Consejo para el trienio 2018-2020. Las pregunta son: ¿Servirá para algo? ¿Va el Consejo de Administración a reconsiderar las retribuciones para los próximos años? Seguramente no, a pesar de la rebelión de las masas.
El descontento, no obstante, va más allá y se extiende a la propia gestión del grupo: el 24,7% la suspende y el 6% prefiere abstenerse. En total, el 30,7% de los accionistas no ha aprobado la gestión de Florentino Pérez el año de la OPA sobre Abertis. ¿Va a cambiar la gestión después de esto? Lo más probable es que ¡Oh capitán, mi capitán! no cambie nada por este suceso, tan inesperado como incómodo.
Y no lo hará porque la CNMV que ahora dirige Sebastián Albella se ha quedado a medio camino a la hora de permitir que fuera la Junta la que tuviera que autorizar las remuneraciones de los consejeros. El voto sobre las remuneraciones es únicamente consultivo. No es, por tanto, vinculante.
Es un asunto complejo. ¿Qué pasaría si una empresa ficha a un Ceo a mitad del ejercicio y tiene que fijar su sueldo? ¿Va a convocar una Junta extraordinaria? ¿Y si la Junta, celebrada seis meses después del fichaje, desaprueba al remuneración? ¿Tendría el Ceo que devolver lo cobrado? No parece posible, ni tampoco justo.
En definitiva, en materia de control del legislativo (Junta) sobre el ejecutivo (Consejo), nos hemos quedado a medio camino.
