El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que abandone el capital de Caixabank, donde posee un 16,1% del capital. Es cierto que Caixabank se fusionó con una Bankia nacionalizada, pero el actual presidente de Caixabank no habla por sí mismo: es algo que se respira en toda la organización.  

Goirigolzarri considera que la presencia del Estado es una rémora para la entidad. Pide, al menos, un calendario de salida o una mera toma de postura para que el mercado modifique su actual posición sobre un banco 'estatal'

Se cumplen ahora 10 años desde la nacionalización de Bankia, que exigió una aportación de dinero estatal de entre 23.000 y 24.000 millones de euros. Si ahora mismo, dividendos aparte y algún paquete colocado, el Gobierno vendiera su 16% obtendría menos de 5.000 millones de euros, a los que habría que añadir los poco más que 3.000 millones de euros ya recuperados. 

No, el Estado no haría un buen negocio. 

Ahora bien, es posible que no lo haga nunca. En el entretanto, la vicepresidenta Nadia Calviño no tiene prisa: prefiere esperar a que suban los tipos y se revalorice la acción de Caixabank. U otra opción: que un grupo de fondos compre. Pero ni por un lado ni por otro, conseguirá recuperar ni la mitad de lo invertido. 

En el otro lado, tanto José Ignacio Goirigolzarri como el ceo Gonzalo Gortázar, consideran que la presencia del Estado es una rémora para la entidad. Solicitan, al menos, un calendario de salida o una mera toma de postura oficial sobre el futuro para que el mercado modifique su actual opinión, mala en origen, sobre un banco participado por el Gobierno y más allá de sus estados contables actuales, que no son malos. 

En Caixabank aún recuerdan las críticas del Gobierno al ERE de la entidad o a los sueldos de los directivos

Además, en Caixabank aún recuerdan las críticas del Gobierno al ERE de la entidad o a los sueldos de los directivos. Salarios que entran dentro de los habituales en una entidad privada y un ere gigantesco, ciertamente, criticado con aspereza por el PSOE y Podemos... al que se acogieron más trabajadores de los 6.000 previstos y que, encima, le 'arregló' al Ejecutivo de Sánchez una reconversión bancaria pendiente.