El Tribunal Supremo desestimó ayer lunes la reclamación de Abertis al Estado de 4.000 millones de euros en relación con las obras de ampliación de carriles ejecutadas en la autopista de peaje AP-7 en el año 2006, estimando tan sólo la concesión de 33 millones de euros por las inversiones que sí fueron reconocidas por la Administración.
Y el Consejo de Ministros adoptó en febrero de 2022 un acuerdo para compensar en 1.070 millones de euros las obras realizadas, cantidad que no le parecía suficiente a la compañía, por lo que la decisión fue impugnada por Acesa, la concesionaria de Abertis.
Abertis reclamaba que tenía derecho a ser compensada por la diferencia entre el tráfico real y el previsto que tuvo esta vía a partir de 2006, y hasta su vencimiento, puesto que el acuerdo cambió a antes de que el contrato acabara.
Tras conocerse el fallo, Abertis ha asegurado este martes en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no comparte la interpretación del TS y que estudia, "en defensa de sus legítimos intereses, las posibles vías de impugnación".
A ojos de Abertis, el Alto Tribunal no estima la pretensión principal de la compañía, basada en su derecho a ser compensada por el margen diferencial entre el tráfico real y el previsto, al no considerar que dicho convenio estableciera una redistribución del riesgo de tráfico entre Administración concedente y concesionaria.
Además de anunciar que estudia posibles vías de impugnación, la concesionaria ha asegurado que estima que el fallo le suponga una pérdida contable neta de provisiones de unos 250 millones de euros. Pero como el Alto Tribunal sí reconoce el derecho de Abertis a ser compensada por ciertas inversiones complementarias, el golpe se reducirá a 65 millones de euros.
Además, gracias a otras reversiones de provisiones e ingresos extraordinarios, el impacto neto de la sentencia en el resultado de Abertis en 2023 "será de sólo unos 29 millones de euros".
La decisión judial supone un nuevo revés para Abertis en España, la eliminación de los peajes y concesiones conforme vencían, haciendo que las carreteras fueran de uso libre, impactó de lleno en las cuentas de la compañía. Es más, España llegó a ser la joya de la corona de la concesionaria y ahora el 90% del negocio es internacional. Desde Abertis confiaban en que el posible cambio a pago por uso en las carreteras, puediera revertir la situación. Pero el Gobierno sigue sin pronunciarse sobre el cambio.
Cabe recordar que Abertis Holding -que se compone de un 50% menos una acción propiedad de ACS (Florentino Pérez) y un 50% más una acción de Atlantia (Benetton) - es propietaria del 99,3% de Abertis, grupo líder en gestión de autopistas de peaje e infraestructuras. De la participación de ACS, Hochtief, filial germana de ACS, cuenta con el 20% del capital menos una acción. Pero, tras la guerra de OPAS entre Florentino y los Benetton, los italianos se unieron a Blackstone para hacerse con el control de Atlantia. Con la paz firmada se configuraba el nuevo consejo de Abertis, con Juan Santamaría, nuevo delfín de Florentino, a la cabeza.
La decisión judicial ha provocado un batacazo en bolsa a ACS, sus títulos se desplomaron este lunes cerca de un 10%, aunque esta mañana ha vuelto a números verdes. Aunque ACS ha calculado que el revés en su próximo informe anual se verá afectado en tan sólo 14,5 millones y, "por tanto, es inmaterial y no afectará a sus resultados".