La mentira judicial es más difícil de desmontar que la mentira política. Además, los jueces tienen mejor prensa que los políticos, porque, en una sociedad que ha prescindido de Dios, la verdad última son los tribunales... y que no nos pase nada.
Cuando se trata de jueces, y no de políticos, nadie habla de mentiras, sólo de errores. Por eso, cuando el juez José Luis Calama, siete años instruyendo la intervención del Banco Popular y su regalo al Santander por 1 euro, decidió, en un lamentabilísimo error, que el equipo de Ángel Ron era culpable y Emilio Saracho inocente, justo al revés de lo que ocurrió, muchos han pensado que, quién sabe, a lo mejor el juez tiene razón.
Pues como no la tiene, como su auto ha resultado un incomprensible disparate, habrá que repetir una y otra vez las obviedades del Caso Popular: lo primero, se permitió que los accionistas del Popu perdieran 1.300 millones de euros, que era la capitalización la noche del 7 de junio en la que Europa (la JUR), con el gobierno español de Mariano Rajoy mirando a Gibraltar, decidió intervenir el que fuera el banco más rentable del mundo, un banco solvente a todos los efectos, no porque lo diga yo, sino porque lo decían los propios peritos del Banco de España nombrados por el propio juez.
Esto es, un juez que ha contradicho a sus propios peritos, para los que el Popular era un banco solvente, viable y rentable, con una capitalización bursátil, el 7 de junio de 2017, de 1.300 millones de euros. Un juez que centra todas sus acusaciones en la ampliación de capital que, tan sólo un año antes, en 2016, había apuntalado la solvencia del Popular pero que, según el juez, resultó una estafa a los inversores que a ella acudieron... ¡cuando los miembros del Consejo que aprobó dicha ampliación suscribieron el 20% de la misma! algo totalmente inhabitual en el sector.
En cualquier caso, si los estafadores ponen dinero en su propia estafa, hombre, a lo mejor es que no habido estafa. Para entendernos, que los consejeros del Popular no sólo eran unos estafadores, también eran idiotas.
Al final, para tumbar al Popular tuvieron que utilizar el argumento de la falta de liquidez, el más endeble argumento en los siglos XX y XXI, cuando los bancos dejaron de vivir de la liquidez de sus depositantes para comenzar a vivir de la liquidez que les proporcionan las autoridades monetarias. El juez no se ha preguntado por qué su exonerado Emilio Saracho, renunció a la línea de liquidez que le ofrecía el eje BCE-BdE
Por su parte, otro disparate, Calama ha dejado en libertad, exonerado de toda culpa, a Emilio Saracho, un banquero que permaneció 110 días como presidente del Popular y que llegó a la entidad para entregarlo al Santander.
Como presidente del Popular, Saracho, llegó a decirle a un periodista de El Confidencial que ese banco, su banco, estaba quebrado. Este testimonio lo aportó ante el juez el mejor testigo: el portavoz del banco, el periodista Carlos Balado. Su testimonio, irrefutable, debió haber parado el juicio... pero Calama decidió que hablaba desde el rencor, dado que posteriormente fue despedido por Saracho. Y el que quiera aprender que vaya Salamanca.
El testimonio del testigo presencial, -él otro testigo fundamental, sin duda, el gobernador del banco de España, Luis Linde- son despreciados por Calama... porque sí. A lo mejor es que Linde también le guardaba rencor a Saracho.
Porque Linde simplemente negó la mayor: el Banco Popular era solvente y no había razones para la intervención europea. Es más, fue Linde quien paró el intento de su segundo en el banco de España, Fernando Restoy, quien pretendía convencer a Ángel Ron de que se fusionara con el Santander... porque Linde estaba convencido de que el que tenía problema era el banco de Emilio Botín, no el banco 'de Luis Valls'.
Don Emilio Saracho: un personaje que se ha ido de rositas y con 4,5 millones de euros por 110 días de trabajo. Esto es, a razón de 40.900 euros diarios, que no está mal. Calama le ha puesto en libertad, mientras que para el equipo de Ángel Ron, el juez de la Audiencia Nacional exige cárcel. En concreto, para Ángel Ron, 6,5 años de prisión..
Para los que hemos conocido a personajes, asimismo, con penas de cárcel sobre sus cabezas, como Roberto Higuera, exvicepresidente del Popular, sabemos que si algo le molestaba a Roberto era la falsedad contable. Pero esto no es lo más asombroso del caso Popular: lo más asombroso del caso es que un juez no haga caso del dictamen de sus propios peritos independientes y que monte una sinrazón contable como es lo de aplicar la normativa sobre provisiones de un ejercicio a un ejercicio anterior. O que no haga caso del testimonio del hombre que se supone que, como gobernador del Banco de España, mejor conoce los bancos que supervisa.
Aún más, recuerden que los propios peritos del juez Calama le dijeron que no sabían ni cómo hacer esa operación de periodificación contable con una normativa que no correspondía al año analizado. Pero, al final, se hizo, y de una pirueta contable tan ridícula surge la tautológica conclusión de que el Consejo del Popular falseó las cuentas del Popular. Es muy probable que el juez Calama pase a la historia mundial de la contabilidad creativa.
A todo esto, ni el banco Central Europeo. pariente cercano de la JUR (que pertenece a la Unión Europea) ni el Banco de España han ratificado que el Banco Popular no debió ser intervenido. Es más, el ya mencionado y entonces gobernador del Banco de España, Luis Linde, se llevó las manos a la cabeza ante el desafuero,
Es igual: Calama ha aplaudido a Emilio Saracho, el enterrador del Popular, y dicta penas de cárcel para el equipo de Ángel Ron. Ahora la Sala del juicio oral de la propia audiencia tiene la oportunidad de enmendar el entuerto. Mi temor es que, en materia judicial, perro no muerde perro.., o al menos, le muerde con exquisita elegancia.
En resumen, espero que la instrucción del caso Banco Popular no siente jurisprudencia jurídico-económica.