En dos sentencias recientes -25 y 25 de julio- el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por accionistas del Popular que compraron títulos de la entidad justo antes de la ampliación de capital de 2016. Según el juez Díaz Fraile, el recurso no procede porque los implicados compraron las acciones en bolsa basándose en la evolución propia bursátil y no en una oferta concreta, como señala El Economista.
Pero lo que nos ocupa ahora no es eso, sino lo que dice el magistrado al final, como coletilla. “De hecho, la Junta de Resolución (JUR) adoptó tal medida sobre la entidad, no por una supuesta insolvencia en los años anteriores, sino por el deterioro de su situación de liquidez en las fechas inmediatamente anteriores a la resolución”.
En otras palabras, el Supremo vuelve a insistir en la idea madre: si el banco era solvente, ¿por qué el BCE, en una decisión inédita hasta la fecha, le negó liquidez? Además, desmiente a la propia JUR, que en su informe aseguró que los problemas de liquidez comenzaron en 2016.
Sea como fuere, resulta llamativo comprobar cómo, cada vez que sale una sentencia acerca del Popular, se vuelven a poner de manifiesto las irregularidades cometidas por la JUR y el BCE, sin olvidar a Emilio Saracho que, además, se llevó un buen pellizco: 40.900 euros… al día.