Francisco González siempre ha presumido de haber colaborado en la reestructuración del sistema financiero español sin haber recibido ayudas públicas, algo que no es cierto. Lo desvela el Banco de España, que el viernes por la tarde publicó el resumen de las ayudas concedidas al cierre de diciembre de 2017.
Las dos entidades que se adjudicó el BBVA, Unnim y Catalunya Banc, recibieron, en total, 3.587 millones de euros cuando ya estaban en manos de FG. De esa cantidad, el Fondo de Garantía de Depósitos aportó 1.954 millones de los que se recuperaron 383 millones. Me dirán que no son estrictamente ayudas públicas y es cierto. Ahora bien, según el Banco de España, Unnim recibió 1.742 millones de euros a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA) -ayudas públicas- concedido al BBVA cuando compró la entidad. FG, no nos engañes.
El Banco de España rebaja el optimismo sobre Bankia: solo se recuperarán 9.857 millones de los 24.069 que pusieron los españoles, esto es, 2.341 millones menos que lo estimado en verano de 2017
Todo eso sin contar los 11.796 millones que recibió CX en ayudas públicas antes de ser adjudicada al BBVA. Sin esas ayudas, FG no habría comprado la entidad, evidentemente.
En total, la factura de la reestructuración del sistema financiero asciende, al cierre de 2017, hasta los 64.953 millones, un 7% más que lo calculado un año antes. No lo duden: la cifra de 2018 será todavía mayor.
Los pronósticos tampoco son buenos respecto a Bankia. Dice ahora el Banco de España que, de los 24.069 millones que pusieron los españoles, se podrían recuperar 9.857, esto es, 2.341 millones menos que lo estimado en verano de 2017.
Un último apunte: una de las entidades que proporcionalmente recibió más ayudas fue Banco de Valencia (ahora Caixabank). Fueron 6.164 millones, de los que el Banco de España confía en recuperar, exactamente, cero.
Nuevo palo de los jueces: introduce la retroactividad en hipotecas y en cláusulas suelo
Dos sentencias conocidas el viernes han disparado (otra vez) todas las alarmas en el sector financiero español. Una, la de la Audiencia Provincial de Madrid, codena a 40 entidades a devolver todo el dinero cobrado por cláusulas suelo a 9.000 hipotecados. Lo más significativo es que aplica retroactividad, es decir, los afectados cobrará todo lo pagado de más desde la firma del préstamo, intereses legales incluidos. Hay un problema: ¿Qué ocurre con los afectados que ya recibieron lo pagado de más, pero solo a partir de la fecha marcada por el Supremo?
Al final, tendrá que ser el Supremo el que diga, de una vez por todas, si la banca debe pagar el impuesto y los gastos de constitución de hipotecas, con retroactividad o sin ella
La segunda sentencia es de una jueza de Valencia, que condena al Santander a pagar el impuesto sobre una hipoteca firmada en 2006. Ojo, no es la primera. Se une a la sentencia dictada el 12 de noviembre por un juzgado de Málaga y adelantada por Hispanidad. Al final, tendrá que ser el Supremo el que diga de una vez por todas si la banca debe pagar el impuesto con retroactividad o sin ella. Y no solo el impuesto: también los gastos de constitución de las hipotecas. El lío no ha terminado, ni mucho menos.
CX. Nueva reducción de penas para Serra y Todó
El fiscal Fernando Maldonado ha rebajado de cuatro a tres años la petición de cárcel para Narcís Serra y Adolf Todó, por subirse el sueldo -y a otros 39 consejeros, también juzgados- en 2010, esto es, en plena crisis económica. Serra trata por todos los medios evitar la entrada en prisión, pero para eso debe rebajar la pena a menos de dos años (aunque la decisión final depende del juez). Por cierto, el jefe de gabinete de Narcís Serra mientras fue vicepresidente del Gobierno (1991-1995), su hombre de confianza, era el líder actual de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Interesante.
Los afectados del Popular relatan que la resolución fue precocinada
La Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP) han respondido a la JUR por su constante opacidad y encubrimiento, tanto en datos como en procedimientos. Le dicen, por ejemplo que, según un informe confidencial del Banco de España, desvelado por el juez Andreu, en la tarde del 6 de junio de 2017, el banco contaba “con unos 600 millones de euros que le hubiesen permitido abrir sus oficinas al día siguiente, mientras formalizaba garantías que le hubieran permitido obtener más liquidez del Banco de España, en el marco del programa de liquidez de emergencia (ELA)”. Y había garantías, claro que sí. Por ejemplo, “las acciones de Popular en Wizink, Cevasa y Metrovacesa, que hubiesen permitido al banco obtener unos 4.600 millones adicionales de liquidez”.
Con la resolución, la JUR le quitó todo a los accionistas del Popular y se lo entregó a los del Santander
En cualquier caso, y si el problema fue de liquidez, la AIAP se pregunta por qué la JUR acudió a un banco privado, el Santander, al que le regaló el Popular por un euro, en lugar de ser el propio BCE el que le facilitara esa liquidez. Con su actuación, la JUR le quitó todo a los accionistas del Popular y se lo entregó a los del Santander. Recuerdan los afectados que el banco valía 1.300 millones de euros en bolsa, dinero que se volatilizó en pocos minutos. Están indignados. Lógico.