No es un buen día para Carlos Torres. El juez Manuel García-Castellón le ha citado a declarar como testigo por el caso Villarejo, el próximo lunes 16 de octubre a las 10:00 horas, en la Audiencia Nacional. Es lo peor que le podía suceder porque al acudir como testigo no puede acogerse al derecho a no declarar y, además, podría salir del juzgado como imputado, y eso son palabras mayores.
Dicho de otra manera, Torres está en el alambre y debe agradecérselo al bufete Garrigues, encargado de la defensa de la entidad y responsable de la táctica que ha cabreado a Alejandro Cabaleiro hasta límites insospechados. Efectivamente, el fiscal se ha quejado insistentemente de la falta de colaboración del banco y la gota que ha colmado el vaso fue la negativa a declarar de María Jesús Arribas, jurídica del BBVA, en el mes de julio, alegando secreto profesional, como adelantó Hispanidad.
Cabrear al fiscal no conviene porque, aunque sea el juez el que cite a declarar y el que cierre o no la instrucción, lo cierto es que no suele contradecir las peticiones del fiscal. Este caso es un claro ejemplo de ello: García-Castellón estaba dispuesto a cerrar la instrucción en julio y hacerlo sin citar a Torres a declarar, ni como testigo ni como máximo responsable de la entidad, imputada como persona jurídica. Cabaleiro le ha dado la vuelta a todo: irá a declarar como testigo y podría salir de la Audiencia Nacional como imputado.
El fiscal está empeñado y el auto del juez lo justifica así: “En relación a la persona jurídica BBVA, resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras de esclarecer su responsabilidad penal”. Y quién mejor que el presidente para determinar si, efectivamente, se cumplió la normativa interna.