Berkeley amarga la campaña electoral a Teresa Ribera, ahora centrada en su papel como cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del próximo 9 de junio más que en ejercer de vicepresidenta ecológica. La compañía australiana ha pasado a la acción al presentar un arbitraje contra España por unos 1.000 millones de dólares (unos 922,6 millones de euros al tipo de cambio actual)... y el asunto ha gustado a los inversores, porque su cotización sube.
La compañía australiana, a través de la filial Berkeley Exploration, ha presentado dicho arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial. A pesar de que ya saben que los temas del CIADI, como las cosas de palacio, van despacio, pues tarda años en resolver los recursos... Un arbitraje que anunció hace poco más de un mes, pero no ha habido conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y todo ello, por el ‘no’ de Ribera a su proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Además, a finales del pasado enero, anunció “una sólida posición financiera” y nuevos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que estimó los recursos de la ONG Plataforma Stop Uranio y del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, y contra el Ministerio que lidera Ribera.
Es más, Berkeley ha subrayado que desde noviembre de 2022 aún no ha entablado ninguna conversación con el Gobierno, pese a haberla pedido en varias ocasiones. En esa fecha, presentó una notificación escrita de una disputa de inversión tanto al presidente del Gobierno como al Departamento de Ribera, notificándoles de la disputa y de múltiples violaciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), e incluso proponiéndoles buscar negociaciones para una solución amistosa. Ahora, tras la presentación del arbitraje, Berkeley ha referido que “sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España”, e incluso está “dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una resolución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones se puedan celebrar a corto plazo”. ¡Qué optimista!
Desde noviembre de 2022, Berkeley aún no ha entablado ninguna conversación con el Gobierno, pese a haberla pedido en varias ocasiones
Por si todo lo anterior no bastara, la compañía australiana ha destacado que “ha habido desarrollos significativos en los últimos dos años que claramente reconocen a la nuclear como una tecnología clave para la transición energética a nivel mundial, y en particular en Europa”. Por ejemplo, dicha energía está incluida en la lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles cubiertas por la taxonomía de la UE y en la mini-reforma del mercado eléctrico, y la fisión nuclear forma parte de la lista de tecnologías que aparecen en la Ley de Industria de Net-Zero de la UE para apoyar la producción industrial en tecnologías para la descarbonización. Además, en la última Cumbre del Clima (la COP28), más de una veintena de países se comprometieron a triplicar la energía nuclear.
Claro que todo esto parece dar bastante igual a la ideológica Ribera, que se empeña en cerrar la nuclear en España (pese a las muchas advertencias que recibe para que no lo haga), y ha sido algo incoherente al apoyar dicha energía en algunas medidas europeas por el gran peso que tiene en Francia. Por si necesitara más argumentos, aunque sólo fuera para iniciar conversaciones, Berkeley recuerda a la vicepresidenta ecológica que 13 de los 27 Estados Miembros de la UE tienen plantas de energía nuclear y sus 103 reactores aportan una cuarta parte de la electricidad europea, además, hay reactores en construcción. Asimismo, Berkeley sostiene que su proyecto de Salamanca ayudaría a la seguridad de suministro de uranio, porque podría cubrir más del 10% del consumo de uranio de la UE, que en su mayoría llega ahora de “jurisdicciones geopolíticamente inestables, como Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Níger, etc.”.
Berkeley también ha referido que su arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España, pues los múltiples y millonarios laudos a las renovables que surgieron tras el recorte de las generosísimas primas a las renovables que dio ZP (disparando el déficit de tarifa a casi 30.000 millones y que aún tardaremos años en liquidar) ascienden a más de 7.700 millones en su conjunto, pero aquí estamos hablando de uno solo. Unos laudos que, por cierto, motivaron que España decidiera salir del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), como Italia y Polonia, y más tarde han sumado el apoyo de todos los Estados miembros de la UE, pero dicho abandono no es inmediato: supone un proceso que dura entre 10 y 20 años, en los que se siguen aplicando sus condiciones...