Berkeley Energía no echará de menos a Teresa Ribera, que ha sido nominada formalmente como candidata de España al Colegio de Comisarios de la Unión Europea que presidirá Ursula von der Leyen, mientras Arturo Gonzalo y Beatriz Corredor se postulan para sustituirla en el Gobierno Sánchez. Así se puede referir a la vista de los resultados de su último ejercicio fiscal (julio de 2023 a junio de 2024), porque ha elevado ingresos, pero ha duplicado sus pérdidas por los gastos que conlleva el arbitraje que inició contra España por el rechazo de la vicepresidenta ecológica a su mina de uranio en Retortillo (Salamanca).
La compañía australiana ha aumentado sus ingresos por intereses, que han pasado de 1,35 millones de euros a 3,546 millones, por las mayores tasas de intereses, algo en lo que ha influido las subidas de tipos de interés por parte de algunos bancos centrales. Por su parte, los gastos de exploración y evaluación se han incrementado un 13%, a 3,42 millones, por la política contable de contabilizarlos después de la adquisición de los derechos para explorar y hasta que se decide su desarrollo y/o explotación; así como por unos gastos de desarrollo comercial de 218.000 euros.
El resultado neto no ha traído buenas noticias para Berkeley Energía, porque las pérdidas se han disparado un 137,5%, pasando de 1,23 millones a 2,92 millones. En esto ha influido -y mucho- los gastos de 828.000 euros por acudir al CIADI el pasado mayo para abrir un proceso de arbitraje contra España por el ‘no’ de Ribera a su mina de uranio en Retortillo. La compañía, lógicamente, defiende la energía nuclear como “una tecnología clave para la transición energética”, una energía de la que la vicepresidenta ecológica es una enemiga reconocida por cuestiones ideológicas porque, como saben, produce electricidad sin emitir CO2 y muchos expertos y políticos (incluso Los Verdes de Finlandia, y ahora también desde la política energética de la UE) la consideran el mejor complemento para las intermitentes energías renovables porque garantiza la seguridad de suministro.
Ante el bloqueo de sus permisos en la mina salmantina, Berkeley pide una compensación preliminar de unos 923 millones porque considera que las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca “han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía” (el mismo del que Ribera, acertadamente, porque es al que muchos fondos y empresas se acogen en los numerosos laudos de renovables). A pesar del conflicto, que ha llegado al CIADI, la compañía australiana sigue comprometida con el proyecto de la mina de Retortillo y abierta a un “diálogo constructivo”, dispuesta a colaborar con las autoridades españolas para encontrar “una solución amistosa”. Eso sí, hay que tener en cuenta que si Gonzalo o Corredor sustituyen a Ribera dentro del Gobierno, hay poca esperanza de cambio de postura porque son fieles discípulos de Ribera.