La situación actual de las cuentas públicas es insostenible y son urgente nuevas medidas -y ambiciosas- si queremos cumplir las reglas fiscales que marca Bruselas: deuda pública máxima del 60% del PIB y déficit público máximo del 3%. Al paso actual es imposible que cumplamos, no ya en 2024 sino en muchos años.
Concretamente, hay que revisar el gasto en pensiones porque es inviable y más que lo será en un futuro próximo cuando aumente significativamente el número de pensionistas y todos cobren pensiones indexadas al IPC. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada ‘Presupuestos, deuda, déficit y consecuencias’, celebrada este jueves y organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE).
“Resulta fundamental revisar el sistema de pensiones con el fin de limitar el crecimiento de estas prestaciones, que amenaza con dejarnos con muy poco margen fiscal para afrontar otras prioridades”, afirmó Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.
Naturalmente, además de reducir el gasto en pensiones, al menos reducir su crecimiento, se hace más necesario que nunca mejorar la gestión de las administraciones públicas.
Lo que Fedea y el CGE tienen claro es que hay muy poco margen para aumentar los ingresos, porque la presión fiscal actual ya es muy elevada y deja poco margen de maniobra. Según estas organizaciones, se podrían eliminar los tipos reducidos de IVA, aumentar los impuestos medioambientales y luchar más decididamente contra la economía sumergida.
En definitiva, el gasto en pensiones es inviable -actualmente, las contributivas superan los 12.100 millones mensuales, por 14 pagas-, no hay margen para aumentar los ingresos públicos y se hace más necesario que nunca reducir el gasto público. El Gobierno de Pedro Sánchez hace justo lo contrario.