La instrucción del Caso Banco popular, realizado por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha imputado a 12 exconsejeros y exdirectivos de la entidad. Por economía de medios, personifiquémoslo en la petición de seis años de cárcel para Ángel Ron y en la exculpación total y absoluta de Emilio Saracho presidente del Popular cuando la Unión Europea, con la connivencia del gobierno español del sosegado Mariano Rajoy, perpetró la intervención de un banco perfectamente solvente y rentable, un 7 de junio de 2017 y se lo entregó, por un euro, al Santander.

¿La intervención del Banco Popular fue una conspiración para terminar con "el banco del Opus"? Tal parece la única explicación lógica a todo lo que está ocurriendo

Como había que justificar el desaguisado, perpetrado por un Emilio Saracho que se había dedicado a atentar contra el propio banco que dirigía, incluso filtrando a un medio de comunicación que el banco estaba quebrado -sí, su propio banco- el juez Calama solicitó penas de cárcel para el Consejo anterior y para la directiva anterior a Saracho. El asunto ya resulta bastante cachondeable pero mucho más si se considera que, al asignar el juez la presunta maldad al equipo de Ángel Ron y exonerar al verdadero culpable, Emilio Saracho, ha dejado, perdonen la expresión, con el trasero al aire tanto a bonistas como a accionistas.

Ahora, terminada la instrucción, estamos en el momento de los recursos previos a la apertura de juicio oral. Y en ellos se descubre el pastel y la desastrosa instrucción del juez Calama. Un ejemplo, aunque podría presentarles muchos más: contemplen el recurso adjunto presentado por la sociedad Algebris: si Saracho es inocente, tiene pocas -o ninguna- posibilidades de salir adelante y lo mismo puede decirse del recurso de Aeris, la sociedad del potentado chileno Andrónico Luksic, que perdió su millonaria inversión en el Popular. Y conste que Luksic no era favorable a Ron sino al enemigo de Ron, socio del mexicano Antonio del Valle, que, al conspirar para descabalgar a Ángel Ron, se cavó su propia tumba.

Es decir, la obsesión del juez Calama por exculpar a Saracho y culpar a Ron, no sólo posibilita que, en cualquier momento, Europa vuelva a las andadas, a mostrar su poderío interviniendo bancos españoles, aprovechando que somos el único país tan idiota como para permitir a una eurócrata pangermánica, como Elke König, destruir un banco español solvente y rentable, sino que ha dejado indefensos a accionistas y bonistas del Popular.

Además, al centrar todo su fallo jurídico en la ampliación de capital de 2016, Calama demuestra la flojedad de su sentencia: recuerda que los consejeros del Popular, los presuntos culpable y estafadores del pequeño accionista, cubrieron nada menos que con el 20% del total, la ampliación de capital de sus propios bolsillos. Sin embargo, Emilio Saracho, el inocente, no puso un duro y se forró con sus cuatro meses de 'trabajo' en el Popu.

Todo esto da para sospechar si la intervención del Banco Popular, totalmente innecesaria, totalmente injusta y fabricada desde dentro, no fue sino el fruto de una conspiración para cargarse 'el banco del Opus', la obra de un personaje tan formidable como el catalán Luis Valls. Porque cuanto más leo la resolución del juez Calama (ojo, en mi opinión nada más que un tonto útil), cuanto más repaso la labor de Emilio Saracho en la sede central del Popular, en el edificio madrileño de Beatriz, cuanto más veo cómo se pretende reescribir la historia del Popular... más me convenzo de que no existe otra explicación a todo lo ocurrido... que tiene tela.