El primer informe de los peritos del Banco de España que analizaron la cuenta del Banco Popular llegó a la conclusión de que el Grupo tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros el 7 de junio de 2017, fecha de la ampliación. Es decir, que en ningún caso debía haber sido intervenido.

Sin embargo, el magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, insiste en encontrar algún agujero en las provisiones del banco. Por tanto, ordena a los peritos un segundo informe en el que apliquen la nueva normativa sobre provisiones bancarias a los últimos ejercicios del Popu. En otras palabras, que apliquen la normativa con retroactividad. Una barbaridad contable en toda regla.

Ha sido un pulso de meses entre juez y peritos que ha terminado con el penúltimo informe -pueden verlo aquí- emitido hace dos semanas, de los expertos que se han plantado ante su señoría: "No se puede hacer ese ejercicio de simulación por no tener base regulatoria". Dicho de otra forma: lo que nos pide usted es ilegal y nosotros no estamos dispuestos a incurrir en prevaricación. 

Y lo que es lo mismo: Señoría, extrapolar datos de un ejercicio a otro con distintas normativas es ilegal. Nos negamos a hacerlo porque podrían acusarnos de prevaricación... que somos empleados públicos.

La moraleja de todo lo ocurrido con el Banco Popular es que a España siempre se le puede tomar el pelo en Europa, debido a nuestro carácter cainita

Como ya hemos informado en Hispanidad, la obsesión de Calama por encontrar zonas de sombra en la gestión de Ángel Ron al frente del Popular, que justifiquen su intervención por la JUR europea y su venta-regalo al Santander por un euro, puede deberse a que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), como era esperado por todas las partes implicadas, no estaba dispuesto a condenar a otro organismo europeo, un colega en la eurocracia, como es la Junta de resolución bancaria (JUR) de doña Elke König, que fue quien perpetró la barrabasada con el banco de un país como España, al que siempre se le puede tomar el pelo, dado su carácter cainita. 

Ahora bien, ¿qué papelón hará un juez si contradice a sus propios peritos, empeñados en que el Popular no estaba quebrado y valía 11.000 millones de euros? Dicho de otra forma, si el Popular era solvente y viable, y así lo reconocen los expertos, ¿por qué fue intervenido por Bruselas? ¿Sólo para hacer una maniobras con fuego real sobre cómo liquidar bancos en crisis, parte fundamental de la irresuelta unión bancaria? La JUR lo intentó también con bancos italianos, que sí estaban en crisis, Roma les mando a freír espárragos.

En resumen, el Banco Popular era perfectamente solvente, viable y rentable. Se nombra a Emilio Saracho para perjudicar su imagen y malvenderlo. Al final, a Saracho se les va de la mano el farol y el Santander ve la posibilidad de quedarse con el Popular regalado. En ese momento, Ana Botín lo tiene claro: Roma no paga traidores. Saracho, quítate de en medio. 

Y esta es la historia de una intervención innecesaria, forzada y fallida.