Celsa hace años que no va bien y su futuro siguen sin estar aún claro. Los Rubiralta se resisten ahora a dar el control de la siderúrgica catalana a los fondos acreedores, a pesar de que el plan de reestructuración que ha aprobado el juez así lo respalda. El escudo antiopas del Gobierno, ahora en funciones, es su última esperanza.

Esta es la última hora de la siderúrgica catalana que, por cierto, fue una de las mayores receptoras en el pitorreo de la ‘generosidad’ sanchista… con dinero europeo que se articuló a través del fondo de la SEPI para empresas estratégicas: en junio de 2022 recibió 550 millones de euros (un préstamo participativo de 280,5 millones y un préstamo ordinario de 269,5 millones a devolver en siete años), pese a sus pérdidas. Claro que para recibir esos 550 millones había condiciones, entre ellas, un acuerdo entre accionistas y acreedores. Hasta ahora no ha habido ningún desembolso de la SEPI. En Celsa las reestructuraciones se han sucedido en los últimos años y la banca acreedora se plantó en 2017, pasando dicha deuda a fondos y dividiéndola en deuda ‘jumbo’ y deuda convertible (en acciones).

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Al aprobarse el rescate de la SEPI, los fondos acreedores (Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group) empezaron a negociar un plan de reestructuración que ha sido aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona el pasado lunes 4. Así, pasarán a tener el 100% del capital de la siderúrgica al producirse la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y parte de la deuda ‘jumbo’, y se extenderá en cinco años los vencimientos de la deuda restante. El juez ha considerado que la deuda (que asciende a más de 3.000 millones) de Celsa supera el valor de la compañía y que desde luego esta última no vale los 6.000 millones que decían los Rubiralta. El magistrado ha señalado también que los acreedores “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, conservando los puestos de trabajo y sin alterar los centros estratégicos de decisión”, y que la oferta de los acreedores era la única alternativa viable a medio plazo. Dichos fondos ya han señalado que la reestructuración incluirá un nuevo Consejo de Administración compuesto por perfiles “muy respetados y de categoría mundial”. Además, con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, la sentencia judicial no es recurrible. 

Sin embargo, los Rubiralta se resisten a perder el control de Celsa. Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han señalado a Efe que el Gobierno negociará con los nuevos dueños para garantizar su viabilidad, el mantenimiento de todos los empleos y su continuidad en España. Además, la toma del control por parte de los fondos requerirá de la autorización del Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión extranjera que supera el 10% (como así fijó el escudo antiopas aprobado en la época del Covid y que se ha ido prorrogando). 

Esta es la última esperanza de la familia catalana. Al hilo de lo sucedido en Celsa, cabe recordar que no todas las segregaciones en los grupos familiares funcionan bien: en los años 60 del siglo XX los hermanos Francesc y Josep Maria Rubiralta compraron una pequeña laminadora barcelonesa y crearon una comercializadora (Izasa), las cuales fueron los respectivos orígenes de la siderúrgica Celsa y la compañía de tecnología médica Werfen; ambas fueron creciendo y llevaron a cabo compras de otras empresas hasta que en 2006 decidieron separar los negocios. Francesc se quedó con Celsa y Josep Maria con Werfen: al primero le ha ido bastante mal, acumulando deuda y distintas reestructuraciones; mientras al segundo le ha ido muy bien y el pasado noviembre compró a su rival en EEUU, Immucor, por unos 2.000 millones. Werfen es una compañía líder en diagnóstico especializado; fabrica equipos originales pare terceros; e investiga, desarrolla y produce ensayos y biomateriales a medida. Actualmente, el capital de Werfen es propiedad a partes iguales de los cuatro hijos de Josep María Rubiralta (Jordi, José Luis, Xavier y Marc Rubiralta Giralt), quien inició el relevo generacional en 2012 en manos de su hijo mayor, Jordi, que pasó a presidente; y años después, en 2019, este cedió el cargo a su hermano pequeño, Marc.