Subidas moderadas para el Ibex 35 de 0,52% hasta los 10.100 puntos. Las cotización de Prosegur baja un 0,45% hasta los 1,76 euros.

Todo empieza con Barón de Ley, una cotizada que compró su fundador, y principal accionista, con el dinero de la propia empresa.

Hablamos de Eduardo Santos-Ruiz que, hace un par de décadas, sacó el 75% de la compañía a Bolsa. El 25% que mantuvo era una parte importante de su patrimonio personal

Años después, en 2020, lanzó una OPA de exclusión por la que obligó a los minoristas a salir de la empresa al precio que marcaba la operación.

Pero antes, Santos Ruiz, mediante la estrategia de ir reduciendo el free float de la empresa, paso a paso, mediante la compra de acciones propias, elevó su porcentaje hasta el 45%.

Con la ley como está redactada actualmente, empresas como Gestamp, en la que los Riberas tienen el 73,76%, o incluso la propia FCC, en manos de Carlos Slim con más del 70%, podrían protagonizar una operación de estas características

En 2019, cuando la sociedad Mazuelo, del propio Eduardo Santos-Ruiz Díaz, supero el 51% del capital, lanzó la primera OPA asegurando, en ese momento, que no sacaría la compañía de Bolsa, meses después lanzó la definitiva, la de exclusión.

Eso sí, la CNMV le obligó a subir el precio fijado de los 109 a los 113 euros por acción, presionada por un grupo de inversores

Enrique Santos-Ruiz encontró un agujero en la ley de OPAs por el que pudo colarse y pasar a controlar Barón de Ley sin apenas poner un euro de su bolsillo. “No se puede afirmar que no comprara ni una sola acción, pero, si así hubiera sido, no representó nada significativo”, nos cuenta Juan Gómez Bada, al frente de ese grupo de inversores que, en 2021, impulsó la primera iniciativa para pedir cambios a la CNMV en la ley de OPAs

Tres años largos después de la ‘operación Barón de Ley’, las alarmas han vuelto a saltar cuando Helena Revoredo, primera accionista de Prosegur lanzaba una OPA por el 15% de la compañía, el pasado 15 de noviembre, para pasar a controlar el 75% de la empresa.

¿Por qué ahora y con qué intención?, nos preguntamos en Hispanidad…y los expertos contestaron que la explicación más sencilla era que: la empresa está barata.

De momento, y a día de hoy, la intención de ir adquiriendo capital para lanzar una OPA de exclusión, no parece que sea el objetivo principal.

Aún así, y a pesar de que en el folleto remitido a la CNMV se explica que no se busca excluir el valor de cotización, eso no supone no que no vaya a suceder más adelante.

Y para evitarlo, o al menos intentarlo, Juan Gómez Bada, director de inversiones fondo Avantage Fund ha vuelto a tomar la iniciativa. Junto a la gestora Renta 4 y algo más de 200 minoristas han vuelto reclamar a la CNMV cambios en la ley para, por lo menos, “no ponérselo en bandeja a los que están detrás de estos movimientos”.

En 2020, el propietario de Barón de Ley, lanzó una OPA de exclusión por la que obligó a los minoristas a salir de la empresa al precio que marcaba la operación

Entre otras cosas piden:

-que la valoración de la empresa, (imprescindible y una exigencia de la CNMV), la realice un independiente, (que bien pudiera ser la propia Comisión), y no el ‘elegido’ por el que está detrás de la exclusión en Bolsa.

-que se mantenga capital flotante para no acorralar a los accionistas y que puedan decidir, libremente, si acuden a la oferta o no. Es decir, blindar de alguna manera a los minoritarios “Estamos ante algo similar a una expropiación…aunque la expropiación tiene unas contrapartidas bastante más ventajosas para los afectados”, señala Gómez Bada.

Con la ley como está redactada actualmente, empresas como Gestamp, en la que los Riberas tienen el 73,76%, o incluso la propia FCC, en manos de Carlos Slim con más del 70%, podrían protagonizar una operación de estas características.