En España, la crisis del automóvil es cada vez más profunda. Tras el batacazo del Covid, llegó la escasez mundial de chips (cuyo fin se preveía para este año, pero ahora no está tan claro) y después se ha sumado la invasión de Ucrania, mientras el Gobierno hace más bien poco: elevó el Impuesto de Matriculación y sólo ayuda al coche eléctrico vía subvenciones y préstamos.
En los dos primeros meses del año, nuestro país ha vendido sólo 104.480 turismos y todoterrenos, casi la mitad que en el mismo periodo de 2019, tras un 2020 y un 2021 que se pueden calificar como annus horribilis. Y ojo, el sector del automóvil es estratégico: aporta el 11% del PIB, representa el 60% de la industria y su cadena de valor tiene unos 1,9 millones de empleos directos e indirectos. Pero no sólo las ventas viven descensos, también la producción y la exportación, obligando a los fabricantes a acometer continuas paradas y distintos ERTE, así como adaptaciones de turnos.
El sector del automóvil es estratégico: aporta el 11% del PIB, representa el 60% de la industria y su cadena de valor tiene unos 1,9 millones de empleos directos e indirectos
Y ojo, porque la invasión rusa de Ucrania añade más problemas. En concreto, ha interrumpido la producción de arneses de cables, una pieza que sirve para agrupar hasta cinco kilómetros de cables en un automóvil promedio, según explica Faconauto (patronal de las asociaciones de concesionarios oficiales). Estas piezas son únicas para cada modelo y sin ellas los coches no se pueden fabricar. El traslado de la producción de arneses de cables a plantas de otros mercados (por ejemplo, Rumanía, Serbia o Túnez) podría demorarse meses, pues implicaría la compra de nuevos equipos, recoge Automotive News. Al mismo tiempo, está empezando a escasear el níquel y su precio se ha disparado: es clave para las baterías de los coches eléctricos y en su producción destaca Rusia.
En este escenario de crisis del automóvil, no hay que olvidar que el pasado 1 de enero, el Gobierno subió el Impuesto de Matriculación al aplicar la normativa comunitaria de consumo y emisiones WLTP, un tributo que se aplica a los coches de nueva matriculación en función de sus emisiones contaminantes y que ha incrementado su precio medio hasta 1.000 euros, según Faconauto. Y ojo, ahora se suma también la fuerte escalada de los precios de los carburantes, de los cuales el 50% corresponde a impuestos (en concreto IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos) y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a bajar ya, lo que ha provocado un paro de transportistas autónomos y algunos problemas de desabastecimiento en industrias y mercados.
El Gobierno subió el Impuesto de Matriculación, que ha incrementado el precio medio de un vehículo hasta 1.000 euros. Y ojo, ahora se suma también la fuerte escalada de los precios de los carburantes, de los cuales el 50% son impuestos (en concreto IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos)
Desde La Moncloa, los socio-podemitas prefieren sólo ayudar al coche eléctrico vía subvenciones y préstamos, aunque Europa ha llegado tarde para instalar fábricas de baterías y en nuestro país sólo se ha hablado de proyectos que aún no se han materializado, y habrá pérdida de empleos. Ya se ha publicado la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, que regirá la concesión de ayudas por valor de 2.975 millones de euros (en concreto, 1.425 millones en préstamos y 1.550 millones en subvenciones), y se ha flexibilizado la condición de que el 30% de las mismas debían recaer en pymes. El Gobierno ha presumido de que dicho PERTE se completa con las ayudas del Plan Moves III, el Programa Moves Proyectos singulares, el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones. Y es más, prevé que el desarrollo del proyecto tenga una inversión total superior a los 24.000 millones en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas. Claro que no hay que olvidar que el coche eléctrico aún es muy caro, la infraestructura de puntos de recarga aún es muy pequeña... y la luz está demasiado cara.
La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha valorado positivamente la publicación de la convocatoria del citado PERTE, pero reclama más medidas. Por ejemplo, una política más ambiciosa donde se plasmen las necesidades de la industria automovilística más allá de la situación coyuntural que vivimos en la actualidad, y contribuyamos entre todos a asegurar el conjunto de la industria del automóvil que queremos como país, facilitando la transición al vehículo verde. Esto se traduce en: potenciar las infraestructuras adecuadas de recarga, ofrecer unos precios asequibles al usuario, apoyar a los concesionarios y a los talleres de reparación ante el cambio de ciclo, promover el reciclaje y la recualificación de las personas trabajadoras y el cambio generacional sin pérdida de empleo, y avanzar hacia la semana de 32 horas.