La crisis económica que ha provocado la pandemia del Covid-19 y que se está viendo agravada por la inflación, los altos costes de la energía de las materias primas, y la guerra en Ucrania, como todas las crisis, ya está generando picaresca. Así se puede ver por ejemplo en que varias marcas (Pastas Gallo, Danone, Pescanova, Colacao, Tulipán y Campofrío) han sido denunciadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la CNMC por ofrecer menos cantidad producto al mismo precio.

Esta práctica se denomina reduflación y con ella los fabricantes buscan evitar la penalización que les podría suponer una subida de precios de sus productos. Con su denuncia la OCU busca que el regulador de la Competencia que preside Cani Fernández señale si la reduflación puede ser una práctica de competencia desleal o no. Una práctica que afecta ya a un 7% de los productos de la cesta de la compra española, según un estudio de la OCU, que no descarta ampliar su denuncia a más productos y empresas, y también ha lanzado una campaña contra la reduflación. 

La reduflación es una táctica legal, siempre y cuando las marcas indiquen la nueva cantidad de producto que ofrecen y se suele producir en épocas de crisis económicas o de alta inflación, o sea, como las que vivimos actualmente. 

Claro que no sólo el consumidor se ve afectado, conviene no olvidar que los agricultores tampoco se están llenando los bolsillos con el encarecimiento de frutas y verduras. Por ejemplo, los agricultores siguen recibiendo unos pocos céntimos por la sandía y el melón (20 y 30 céntimos, respectivamente), que superan los 2 euros por kilo de media en los supermercados, como informa El Economista, y también se quejó de sus altos precios el diputado independentista catalán Gabriel Rufían hace unos días en el Congreso de los Diputados. Una vez más, consumidores y productores pierden, mientras los intermediarios son los que de verdad están sacando provecho del encarecimiento de los productos y de los costes. Y eso que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria entró en vigor el pasado 16 de diciembre…, la cual tenía como objetivo devolver el equilibrio perdido -entre ellos, a agricultores y ganaderos- tras muchos años de malas prácticas. En aquel momento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que esta ley más allá de combatir prácticas comerciales desleales supone la modernización de las relaciones comerciales entre los operadores y una gran oportunidad de creación de valor. Parece que no está teniendo mucho éxito en lo primero…