Lo ha revelado El Economista: segundo corte de suministro a la industria por el riesgo de apagón.

Ni Teresa Ribera, con la vista más puesta en Bruselas y en su candidatura a futura comisaria europea, ni la exministra y presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, afrontan el desastre de las redes eléctricas en nuestro país y al mismo tiempo, insisten en el error de continuar con el cierre nuclear. O sea, que habrá más apagones sí o sí, de los que ya se producen… aunque alguno se evita.

Recuerden que en la campaña para a las elecciones europeas del 9 de junio, la vicepresidenta ecológica lanzó una consulta pública para cambiar los límites a la inversión en redes, algo que le venía pidiendo el sector desde hacía tiempo. Dichos topes se encuentran en el 0,13% para las distribuidoras -supone 2.000 millones de euros- y en el 0,065% del PIB para las redes de transporte -algo menos de 1.000 millones-. José Bogas, CEO de Endesa, advirtió que es “crítico” y “urgente” invertir en redes... o será imposible la transición energética, algo que en su opinión pasa por “que se eliminen los topes a la inversión”. Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy, ha pedido aumentar el límite anual a la inversión en redes de distribución de electricidad. Y hasta Arturo Gonzalo, CEO de Enagás y fiel discípulo de Ribera, se ha atrevido a ponerle deberes al señalar que si queremos más Europa, necesitamos más infraestructuras, o sea, más redes, y más recursos”.

El uso del SRAD puede arreglar un problema puntual del suministro eléctrico, pero la cuestión es que no arregla el desastre de las redes ni de la política energética de nuestro país

Es cierto que Ribera ha dado un primer paso con la citada consulta pública, pero el tema debería ser más ágil y prioritario. Y es que, por segunda vez en lo que va de año, Redeia (antes llamada Red Eléctrica), la compañía operadora del sistema eléctrico español y transportista de luz que está controlada por el Estado vía SEPI en un 20%, ha tenido que cortar el suministro a la gran industria para evitar un gran apagón, como informa El Economista. En concreto, el pasado 22 de mayo, Redeia tuvo que desconectar un total de 609 megavatios -MW- (la capacidad máxima del llamado Sistema de Respuesta Activa de la Demanda, el SRAD), para poder seguir garantizando el suministro a los hogares debido a varias causas: la menor producción eólica, la falta de reserva hidráulica, la parada de dos centrales nucleares por la fuerte caída de precios del mercado mayorista y una parada no programada en el reactor Ascó I por la intervención en la válvula de control de agua de alimentación principal. Hace unos días, en concreto, el pasado miércoles 10, Redeia ha tenido que volver a hacer lo mismo: a las 22 horas cortó los 609 MW de la gran industria para afrontar un mayor consumo del previsto debido a la menor producción de ciclos combinados y de energía eólica. Y como dice el refrán, no hay dos sin tres, porque el uso del SRAD puede arreglar un problema puntual del suministro eléctrico, pero la cuestión es que no arregla el desastre de las redes ni de la política energética de nuestro país.

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Ribera y Corredor insisten en mantener el calendario de cierre nuclear progresivo entre 2027 y 2035. Pero no sólo eso, la primera agrava la asfixia fiscal que ya padecen las centrales nucleares con la subida de la tasa Enresa al 30%, pese a que generan electricidad sin emitir CO2, de forma estable, garantizando el suministro y son el mejor complemento a las energías renovables para avanzar en la transición energética. Ribera y Corredor deberían tener en cuenta lo que sucede en Alemania desde que decidió cerrar sus nucleares: las emisiones de CO2 se han disparado y ha tenido que aumentar el uso del gas natural y ¡del carbón!, y encima, ahora el Bundestag investiga a dos miembros de la coalición que lidera Olaf Scholz y está formada por socialdemócratas, liberales y verdes, según informa ABC. En concreto, el Parlamento alemán investiga a dos miembros de Los Verdes (que tienen una actitud muy distinta a la de los verdes de Finlandia sobre la nuclear) por haber actuado en contra del interés nacional por motivos ideológicos con el cierre de las centrales.

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Al desastre de las redes y la insistencia en el error de cerrar las nucleares se suman otros problemas. España necesita aumentar el desarrollo del almacenamiento (ya sea con baterías o mediante bombeo hidráulico) porque genera mucha energía fotovoltaica y eólica cuando hay sol y viento, respectivamente, pero cuando no los hay y la cantidad que genera de más da lugar a vertidos que no benefician a nadie. Asimismo, el Gobierno apuesta por el gas natural (que sí emite CO2) como complemento de las renovables, pero hay riesgo de cierre de algunos ciclos combinados por la falta de rentabilidad económica de los mismos.