Recientemente, el Banco de España daba a conocer la deuda del conjunto de las administraciones públicas del primer trimestre del año, que subió hasta el máximo histórico de 1,535 billones de euros. En relación al PIB, la deuda se quedaba en este primer trimestre en el 113% frente al 113,2% del trimestre anterior y frente al 117,4% del primer trimestre de 2022.
Hoy, la misma entidad ha publicado la deuda de las administraciones públicas del mes de abril, que alcanzó los 1,526 billones de euros, tras descender un 0,57% respecto a marzo. En relación al PIB, la deuda se sitúa en torno al 112% del PIB. En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,6%, con 81.035 millones de euros más.
Cabe recordar que el objetivo del Gobierno en cuanto a la deuda pública para todo el año se sitúa en el 111,9%, según lo remitido a finales del mismo mes de abril por el Ejecutivo a Bruselas en el Plan de Estabilidad 2023-2026. Ese mismo plan contempla -siempre según los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez- una disminución paulatina de la deuda en relación al PIB: hasta el 109,1% en 2024. En 2025, la previsión es que caiga al 107,9% y en 2026 al 106,8%.
Además, el Ejecutivo comunitario va a imponer a partir de 2024 la vuelta progresiva a las normas fiscales comunes -congeladas desde 2019 debido a la pandemia- que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60% del PIB.
Recientemente, Bruselas clasificaba a España como país de "alto riesgo" a medio plazo por la elevada deuda pública. La clasificación tendrá un papel determinante a la hora de fijar la cuantía del ajuste presupuestario exigido por la UE en 2024, según publicó Invertia.
Y todo esto -insistimos- se resume en la irresponsable política de endeudamiento de Pedro Sánchez que, si no sale elegido presidente del Gobierno tras el 23 de julio, dejará al siguiente Ejecutivo un marrón de considerables proporciones, pues este se verá obligado a duros ajustes y quién sabe si a nuevas subidas de impuestos…