La segunda reunión, celebrada este lunes entre Telefónica y los sindicatos sirvió para constatar que la negociación será larga y dura, algo que se preveía desde el momento en el que la compañía recalcó que se trataba de un expediente de regulación de empleo (ERE) y no de un plan de salidas incentivadas (PSI), el modelo utilizado por la operadora para llevar a cabo los últimos ajustes de plantilla. La propuesta inicial afecta a 5.124 empleados.
Las líneas rojas de los sindicatos se pueden resumir así: las salidas deben ser voluntarias y afectar a todas las filiales, debe haber acuerdo también para el convenio colectivo que se está negociando actualmente y, lo más complicado, aplicar el ajuste también a los directivos de la compañía.
“UGT no puede aceptar hablar de excedentes y reajustes que afecten sólo a las personas trabajadoras sin conocer qué acciones se van a tomar con el área directiva que ha tenido la responsabilidad de prever y evitar la situación actual”, afirma el sindicato mayoritario de la compañía. “Si se produce una extinción de puestos de trabajo, ese mismo porcentaje de afectación y baremo de edad debe extenderse también al área de Dirección que, por cierto, es el de mayor edad”, concluye. Estamos hablando de unos 300 directivos.
Conviene recordar que la propuesta inicial de la compañía -5.124 salidas- va dirigida a los mayores de 55 años con una antigüedad mínima de 15 que, si las condiciones no varían, recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y es que los ERE, por definición, implican salidas forzosas.