No es la primera vez y mucho nos tememos que tampoco será la última. Hablamos del veto de las autoridades alemanas a la Junta Única de Resolución (JUR) para intervenir en bancos germanos en crisis. Que los hay, incluso en mayor número de lo que parece.
El último, el escándalo Wirecard, ha conmocionado a la sociedad alemana. La compañía, que comenzó gestionando pagos online de casas de apuestas y páginas pornográficas, se había convertido en un gigante bursátil que llegó a superar la capitalización del mismísimo Deutsche Bank.
Todo iba sobre ruedas hasta que, a finales de junio, la entidad reconoció que habían desaparecido 1.900 millones de euros de su balance. El CEO y gurú de la compañía, Markus Braun, dimitió inmediatamente y el día 25 de ese mes, el grupo se declaró en quiebra y Braun fue detenido por la policía, acusado de haber inflado las cuentas. Tranquilos, Markus pagó la fianza de 5 millones de euros impuesta por el juez y actualmente sólo tiene que presentarse ante la policía una vez a la semana.
A lo que vamos: durante todo este escándalo -las sospechas sobre Wirecard se remontan varios años atrás-, la JUR no ha dicho ni mu. Su presidenta, Elke König, tan solícita con el Popular, ahora brilla por su ausencia a pesar de que Wirecard Bank forma parte del grupo declarado insolvente.
El BCE no se atreve con los bancos alemanes y han sido las propias autoridades germanas las que han determinado el camino a seguir. Para empezar, nada de resolución y mucho menos ejecutada por la JUR.
Por el contrario, han decidido que sea uno de los suyos, concretamente el Deutsche, el encargado de prestar apoyo financiero al Wirecard Bank. “En principio, estamos preparados para proporcionar este tipo de apoyo en el contexto de mantener las operaciones de la empresa, en caso de que esta asistencia se vuelva necesaria”, señaló el banco en un comunicado difundido el jueves.
Y König, mientras tanto, calla.