Apenas ha pasado una semana desde que Pedro Sánchez anunció que adelantaba las elecciones generales al 23-J, tras el batacazo que se dio PSOE en las autonómicas y municipales del 28-M. Una decisión que pilló con el pie cambiado a su propio partido y también al resto, pues deben correr si quieren presentarse como una buena alternativa y esto incluye tener un buen programa. Una carrera que ha dejado entrever que Alberto Núñez Feijóo adolece de falta de ideas en materia de energía y el PP intenta remediarlo cuanto antes y ya ha pedido propuestas a unas cuantas energéticas.

Lo único que el principal partido de la oposición tiene claro, por el momento, es que derogará el impuestazo energético y que reabrirá el debate nuclear. Recuerden que dicho tributo ha supuesto un coste de 1.562 millones para las compañías, que han engordado aún más las arcas públicas que tutela María Jesús (Marisu) Montero. Y en cuanto a la energía nuclear, no se puede perder de vista que tanto el PP como Vox apoyan esta energía, por lo que podría plantearse una oportunidad para prorrogar la vida útil de los siete reactores españoles, en línea con lo que está haciendo el resto del mundo: por ejemplo, Japón, donde su parlamento ha aprobado que los reactores operen más allá de los 60 años. Además, el cambio en el tema nuclear sería positivo y más después de la bronca de la Agencia Internacional de la Energía al Gobierno Sánchez, la cual considera que cerrar las nucleares supone quemar más gas y retrasa la respuesta al cambio climático. 

Entre las incógnitas, está, por ejemplo, la reforma de la tarifa regulada (más conocida como PVPC) de electricidad, que se iba a aprobar este mes, pero se ha quedado entre las más de 60 leyes pendientes del Gobierno Sánchez con el adelanto electoral. También está pendiente la reforma del mercado mayorista (‘pool’) de electricidad que se decidirá en Europa y donde no gustó la propuesta intervencionista de España.  

Por no hablar del desastre con las energías renovables donde no sólo hay una burbuja especulativa que sigue creciendo, sino que podría estar empezando a resultar un fraude. A finales del pasado enero, el Gobierno concedió a mansalva declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorable a proyectos verdes que sumaban casi 28.000 megavatios (MW), pero ese sólo fue el principio de la larga tramitación que debe completarse para que esos proyectos se presenten y si se aprueban, se lleven a cabo. Estos se suman a otros proyectos en tramitación y la Comisión Europea ha advertido que el sistema de transporte de electricidad (es decir, la red) no ha crecido a un ritmo comparable al rápido aumento que han tenido las renovables, en base a las referencias que le ha realizado la consultora Aurora Energy Research. Y cómo no, está la apuesta por la ruina del hidrógeno verde, que ahora ha sido defendida por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, con el argumento de que “permitirá ahorrar agua” y que será una pieza clave en la transición energética. Además, no hay que olvidar el hidroducto H2Med, que con un cambio de gobierno también podría sufrir cambios, al igual que las cúpulas de Enagás y Redeia, donde el Estado controla el 5% y el 20%, respectivamente, a través de la SEPI.