En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

España e Italia fueron los países más beneficiados por esos fondos, debido a la mayor incidencia del covid-19. En concreto, España recibirá un total de aproximadamente 163.000 millones de euros de los fondos europeos. Por su parte, Italia recibirá un total de 192.000 millones. 

Lo que llama la atención es que ayer, la Fiscalía Europea (que dirige Laura Codruta Kövesi) lanzó una operación denominada ‘Resilient Crime’ sobre fraude en los fondos europeos llevados a cabo en Italia, según informó la propia Fiscalía. 

Se trata de una presunta organización criminal sospechosa de defraudar 600 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la UE para Italia.

En la operación se llevaron a cabo decenas de registros e incautaciones y se practicaron detenciones en cuatro países europeos. 

En Italia, la Policía Financiera (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria–Guardia di Finanza) de Venecia ejecutó una orden de congelación dictada por el juez de instrucción sobre activos por un valor total de más de 600 millones de euros. 

En la operación se llevaron a cabo decenas de registros e incautaciones y se practicaron detenciones en cuatro países europeos

Con el apoyo de las fuerzas del orden de los demás Estados miembros implicados, se detuvo a 22 personas en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia. 

En el radar de la Fiscalía Europea hay una asociación criminal sospechosa de orquestar, entre 2021 y 2023, un plan de fraude para obtener fondos del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia (NRRP), parte del FRR, el pilar principal del plan de recuperación NextGenerationEU. 

En 2021, los miembros de la asociación criminal solicitaron recibir subvenciones a fondo perdido para apoyar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de expandir sus actividades comerciales a los mercados exteriores. Los sospechosos supuestamente crearon y depositaron balances corporativos falsos para demostrar que las empresas eran activas y rentables, cuando en realidad eran empresas ficticias e inactivas.

Se alega que una red de contables, proveedores de servicios y notarios públicos ayudó a los sospechosos a obtener con éxito 600 millones de euros en fondos no reembolsables del NRRP italiano en el lapso de dos años. Los sospechosos transfirieron los fondos a sus cuentas bancarias en Austria, Rumanía y Eslovaquia tan pronto como recibieron los pagos por adelantado.

Los sujetos investigados utilizaron tecnologías avanzadas, como VPN, servidores en la nube ubicados en el exterior, criptoactivos y software de inteligencia artificial, para llevar a cabo las conductas fraudulentas y ocultar y proteger el negocio ilegal.

Recordemos que esta misma Fiscalía Europea tiene bajo la lupa el ‘caso Koldo’ en España por contratos en Canarias y Baleares. 

Así que, permanezcan atentos a las pantallas...