Los fraudes eléctricos son un gran problema en España y no sólo se han disparado en los últimos cinco años, sobre todo, por los cultivos de droga (+70%), sino que también repercuten en los bolsillos de todos los consumidores españoles: cuestan más de 2.000 millones de euros al año, según Endesa. Es más, apunta que cada día del año pasado los técnicos de e-distribución, su filial de redes, desconectaron siete plantaciones de marihuana.
No es la primera vez que desde la energética controlada en un 70% por la italiana Enel se apunta a este problema. Hace menos de una semana, su CEO, José Bogas, refería sobre los apagones en Andalucía que “no es un problema de red” y que debe haber mano dura: “La solución tiene que venir por el Código Penal”, como ha pasado en Alemania, Italia, Francia... mientras “en España ha habido un efecto llamada de bandas organizadas”.
El 37% de la energía defraudada en 2023 estaba vinculada al cultivo de marihuana, casi diez puntos que en 2022. Ojo, cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas
El 37% de la energía defraudada en 2023 estaba vinculada al cultivo de marihuana, casi diez puntos que en 2022. Endesa subraya que cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas, lo que evidencia su impacto en las pérdidas del sistema eléctrico, así como el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro. De hecho, estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 teravatios-hora (TWh) de luz, lo que equivale al consumo anual Sevilla, y advierte que generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro (o sea, apagones) e incluso incendios en líneas subterráneas y centros de trasformación (14 lo sufrieron sólo en Sevilla y Granada en 2023).
El fraude eléctrico está cada vez más profesionalizado en nuestro país y hay una alta tasa de reincidencia por el escaso riesgo económico y la legislación más laxa: la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede conllevar pena de cárcel. “La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores”, ha afirmado José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa. Los fraudes eléctricos cuestan más de 2.000 millones anuales (69 euros por cada punto de suministro) y sólo en 2023, e-distribución desmanteló cerca de 150 fraudes al día. Los casos de fraude de todo tipo detectados por la filial de redes de Endesa han crecido un 35% entre 2019 y 2023, pasando de 39.300 expedientes a casi 53.300, aunque ha aumentado la energía recuperada de los mismos un 58%, a 662 gigavatios-hora (GWh).
En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa; pero en Francia, Alemania, Portugal o Italia se considera un delito grave que puede conllevar pena de cárcel
La proliferación de instalaciones ilegales controladas por “verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” son también un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que tienen que actuar encapuchados y con acompañamiento policial. Sólo el año pasado, participaron en caso 2.400 operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desmantelar cultivos indoor (interiores). También el uso de la inteligencia artificial y el empleo de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas esenciales, así como el aumento de las inspecciones (unas 400.000 en 2023, que pasarán a 1,5 millones entre 2024 y 2026) y la colaboración ciudadana.