Ni el BCE ni el Banco de España (BdE) pueden obligar a ningún banco para que se fusione, porque son entidades privadas y esa es una decisión que les compete exclusivamente a ellas. Lo que sí hacen el BCE y el BdE es exigirles que cumplan la regulación… que previamente han aprobado. ¿Comprenden? Es la persecución a lo pequeño, cada vez más molesto para las autoridades, y no solo en el sector financiero.
Lo explicó muy bien este jueves Mercedes Olano, directora general de Supervisión del BdE, durante la presentación de la Memoria de Supervisión de 2021. El argumento de Olano a quien, por cierto, se le entiende todo y es de mucho agradecer: los bancos muy pequeños pueden no ser rentables porque necesitan una estructura grande para cumplir la regulación.
En otras palabras, la regulación impuesta por el BCE ‘obliga’ a los bancos a destinar una elevadísima cantidad de sus recursos para tener al día toda la burocracia exigida, tanta que los más pequeños pueden verse en la tesitura de tener que elegir entre fusionarse o, directamente, “cerrar”.
Y como nadie quiere bajar la persiana, seguiremos viendo fusiones en los próximos meses y años. “En las entidades no significativas todavía hay mucho margen”, afirmó Olano. En todo caso, de momento no hay ninguna entidad en esa situación.
Relacionado con esto está la gobernanza. En Fráncfort están empeñados en instaurar el modelo chairman, esto es, un presidente no ejecutivo y un CEO con plenos poderes. Al BCE no le gustan los presidentes ejecutivos, figura permitida por ley en España. El BdE, por tanto, no puede oponerse (es el modelo, por ejemplo, de Santander y BBVA), pero lo que sí está haciendo es ir dirigiendo a las entidades hacia lo que pretender el BCE.
Gobernanza, también en las pequeñas cooperativas de crédito, a las que el BdE dictó unas recomendaciones en 2021 que ahora están siendo supervisadas con un análisis “muy minucioso”. “Las más grandes están mejor”, aseguró Olano, que alertó: a las que no cumplan se les podría exigir más capital, si ese deterioro de la gobernanza afecta a la nota final del supervisor.
Y lo mismo aplica a las cinco fundaciones bancarias actualmente presentes en cuatro entidades financieras, aunque la supervisión interna de esas fundaciones no compete al BdE sino al Protectorado, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Más cosas: “La morosidad va a crecer”, aseguró Olano, que recordó que todavía hay un 39% de créditos ICO en periodo de carencia, que finalizará durante los próximos tres meses. La clave es la incertidumbre que, lejos de disminuir, “ha aumentado” por la invasión de Ucrania.
En este contexto, negó que estemos ante una nueva burbuja inmobiliaria -“toco madera”-, aunque advirtió del impulso de las hipotecas y de que las viviendas se están vendiendo más rápido que antes. “Hay que estar muy atentos”, señaló.
Para terminar, el nuevo organismo de Defensa del cliente bancario, cuyo proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros del martes 5. Poco se sabe, de momento, más que asumirá las competencias del departamento de reclamaciones del BdE, del que podría, incluso, integrar su personal. Es poco probable, pero podría suceder. Y el hecho de que sean decisiones vinculantes logrará aliviar los juzgados de primera instancia, según Olano.