El ‘generoso’ y ‘protector’ Pedro Sánchez debería aprender mucho más de su homólogo francés, Emmanuel Macron. Y es que el presidente socialista ni ayuda bien a las empresas ni las protege bien de extranjeros (el última elemplo se ha visto en la opa de IFM sobre Naturgy, que no ha logrado sus objetivos, afortunadamente, pero ha seguido comprando acciones y ya tiene el 11,0021% de capital).
Esta semana, el Consejo de Ministros ha extendido el blindaje de las empresas españolas ante inversores europeos que surgió en el contexto Covid y que acababa el 31 de diciembre. En concreto, el Real Decreto-ley ha ampliado un año la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC -o EFTA, por sus siglas en inglés-, y que está formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI y estaba dotado con 10.000 millones no son son entregas a fondo perdido, sino préstamos que se deben devolver
La extensión de este ‘blindaje’ afecta a las inversiones que se hagan tanto en sociedades cotizadas como en no cotizadas si son superiores a los 500 millones de euros, y el objetivo es “proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, recogía la referencia del último Consejo de Ministros. Conviene recordar que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 añadió un nuevo artículo (el 7 bis), que recoge que se consideraran inversiones extranjeras directas (IED) las realizadas por residentes de fuera de la UE y de la AELC cuando pasen a ostentar una participación igual o superior al 10% de una compañía española o cuando se pase a participar en la gestión o control de la misma. El artículo 7 bis recoge ciertos sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y la salud pública, como: infraestructuras y tecnologías críticas, suministro de insumos (energía, hidrocarburos, materias primas y seguridad alimentaria), con acceso a información sensible y medios de comunicación. Además, dicho artículo establecía una serie de condiciones.
Paralelamente, en el último Consejo de Ministros se aprobaron los rescates de la tecnológica Airtificial (34 millones), el grupo hostelero catalán Sehrs (34 millones) y la acería Reinosa Forgigns & Castings (27 millones). De esta forma, sólo ha repartido 1.442 millones hasta ahora a diez compañías, o sea, el 14,42% del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI y estaba dotado con 10.000 millones. Y no hay que olvidar que no son entregas a fondo perdido, sino préstamos que se deben devolver, y menos mal que Bruselas ha dado seis meses más para que los países den ayudas a sus empresas.