Golpe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias aerolíneas low cost, algo que podría acabar repercutiendo en la gallina de los huevos de oro de la economía española (el turismo) y en el precio de los billetes (o sea, en los viajeros). Y es que el Departamento de Pablo Bustinduy ha multado a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea con 179 millones de euros por cobrar suplementos por el equipaje de mano y otras prácticas “abusivas” (como cobrar por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes o a menores, o cobrar por imprimir la tarjeta de embarque).
La low cost irlandesa Ryanair ya ha comunicado que ha pedido que sus abogados apelen “de inmediato” las multas que considera “ilegales e infundadas”… y que en su caso ascienden a 107,7 millones. Recuerden que Ryanair ya no vuela tan alto en resultados, aunque sigue siendo líder en pasajeros en España y en el resto de Europa. De hecho, en su primer semestre fiscal (abril a septiembre), sus ingresos han aumentado no sólo por el crecimiento en pasajeros, sino por la subida del 10% en los llamados servicios complementarios (entre ellos, cobra más por el equipaje que no cumple las medidas, así como por elegir y reservar asientos -algo que es obligatorio para los adultos que viajen con niños menores de 12 años-).
Ryanair ha sido la aerolínea que ha recibido la mayor multa de Consumo: 107,7 millones
Eso sí, Ryanair tira de algo de caradura al referir que sus políticas de equipaje han sido aprobadas en “múltiples” audiencias de tribunales españoles y de la Unión Europea. El CEO del grupo aéreo que es dueño de la aerolínea que le da nombre y de otras, Michael O’Leary, ha referido que las multas del Ministerio son “inventadas”, se deben a “razones políticas” y “violan” la legislación de la UE… y hasta confía en que serán anuladas por los tribunales de la UE, porque existe el derecho de las aerolíneas europeas a establecer precios y políticas sin interferencias gubernamentales.
Ryanair ha recibido la sanción más elevada (107,7 millones); muy por encima de Vueling -que es propiedad del holding IAG-, multada con 39,2 millones; la británica easyJet (29,09 millones); la noruega Norwegian (1,6 millones) y la española Volotea (1,18 millones). Por su parte, desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha señalado que las sanciones no cambian nada, por ahora, y que aún no ha terminado el proceso judicial en los tribunales de lo contencioso-administrativo. El presidente de ALA y director general de easyJet para el sur de Europa desde diciembre de 2020, Javier Gándara (en la imagen de la derecha), ha destacado que las aerolíneas tienen dos meses de plazo para solicitar medidas cautelares a la Audiencia Nacional para evitar adoptar cambios que luego, en caso de decidirse que no eran obligatorios, podrían ser irreversibles y causar daños que “no se pueden reparar”. En caso de que no se aprobaran las medidas cautelares tendrían que abonar las sanciones citadas lo que supondría una “distorsión competitiva muy importante”. Gándará está confiado en que los tribunales les den la razón.
Por cierto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado las sanciones de 179 millones a cinco aerolíneas low cost. Asimismo, ha felicitado a su colega en el Gobierno y en el partido Sumar, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por “estar a la altura”. “Frente a los abusos de los derechos de los ciudadanos y de los consumidores, el Ministerio de Consumo ha actuado y creo que esto es un gran paso adelante que también debe ponerse en valor", ha subrayado Urtasun.
Horas más tarde, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su siglas en inglés) ha criticado la decisión del Gobierno español de hacer “caso omiso” a la legislación europea al multar a las cinco aerolíneas.