Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones al 23-J para que el PSOE no le echara tras el batacazo del 28-M, pero esto deja en el tintero multitud de leyes y reformas pendientes. Eso sí, cabe la esperanza de que pueda suponer una oportunidad para la prórroga de la vida de las nucleares españolas, por lo que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP pueden respirar un poco, y además, tanto PP como Vox apoyan esta energía que aporta el 20% de la electricidad de nuestro país y lo hace de forma barata, estable, asegurando el suministro y sin emitir CO2. Una postura bien distinta a la que tiene Teresa Ribera y otros miembros del Gobierno Sánchez (entre ellos, Diana Morant).
El adelanto electoral deja en el aire la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 que se debe enviar a Bruselas este mismo mes y que incluye los cierres de cuatro de los siete reactores operativos (los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes). El punto de no retorno para el de Almaraz I será 2024 dado que la parada nuclear se empieza a preparar unos tres años, por lo que el tiempo empieza a correr en su contra a pesar de que está preparado para funcionar muchos más años. También hay que tener en cuenta que si el PNIEC se queda igual o no varía en gran cosa en el tema nuclear, habría otra oportunidad en 2025, cuando se hará una nueva revisión de dicho plan, pero que llegaría tarde para Almaraz I y puede que también para Almaraz II.
La reforma de la tarifa regulada de electricidad (más conocida como PVPC) se iba aprobar en junio, como avanzó la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, delante de la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Joergensen
Al hilo de la ineludible prórroga nuclear que Ribera niega y dejará al próximo gobierno, cabe recordar que también la considera necesaria, entre otros, el CEO de Endesa, José Bogas, y la matriz de esta energética (la italiana Enel al ser dueña del 70%, la cual está dirigida desde hace unas semanas por Flavio Cattaneo) anunció nuevas inversiones en energía nuclear hace unos meses. Asimismo, hay que tener en cuenta que hace meses el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que se retrase el cierre de las nucleares y que se construyan nuevos reactores; y Vox también respalda la energía nuclear, como se vio en la jornada ‘Caminando hacia la soberanía energética de España’ que organizó en el Congreso de los Diputados, y además apuesta por la explotación de los recursos naturales de nuestro país.
El 23-J también deja pendiente el VII Plan de residuos nucleares, que actualmente estaba en borrador y descartaba la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, al tiempo que proponía que cada central nuclear guardara sus propios residuos en Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) tras finalizar su operación y ser desmanteladas, hasta que esté listo en Almacén Geológico Profundo (AGP). El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ya señaló a Hispanidad que “lo lógico sería tener Almacenes Temporales Individualizados (los ATI) que tienen que ser del 100% y agilizar el AGP para que estuviera funcionando en 2050”. Asimismo, apuntó que en el acuerdo de cierres de reactores y en la anterior revisión del plan de residuos “había un coste, pero ahora se dice que será 2.100 millones de euros superior porque no ha habido consenso para el ATC, y no queremos que nos hagan pagar más por falta de acuerdo”.
Otro de los temas que ha quedado en el tintero: la reforma de la tarifa regulada de electricidad (más conocida como PVPC). Hace cuatro días, la propia secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, confirmaba que el Consejo de Ministros la iba a aprobar el próximo mes de junio y lo hacía delante de la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Joergensen, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Y por cierto, si llega un nuevo gobierno tras el 23-J, muchas de las medidas en materia energética podrían ser derogadas, por ejemplo el timo del tope ibérico que no gusta ni a PP ni a Vox. También podría cambiar la propuesta española de cara a la reforma del mercado mayorista de electricidad que decidirá la Comisión Europea y además quedarían pedientes la tramitación de multitud de proyectos de energías renovables que recibieron la declaración de impacto ambiental a finales de enero.