Ignacio S. Galán no puede estar tranquilo con los proxies Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis. Y es que les preocupa la menor independencia de los consejeros de Iberdrola, algo en lo que influyen las elevadas remuneraciones de los consejeros independientes y el hecho de que se obligará a todos ellos a comprar acciones.
Es cierto que el presidente ejecutivo de la eléctrica contará este año con el apoyo de ambos proxies a todas las propuestas de acuerdo en la próxima Junta de Accionistas que se celebrará el día 17 en Bilbao. Recuerden que han preferido apretar a Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, aunque no tuvieron éxito y este último salió triunfante de la cita anual con los accionistas. Lo que digan ISS y Glass Lewis no es baladí, pues los proxies son los asesores de voto de los inversores, principalmente de los accionistas institucionales, entre los que figuran los primeros de la eléctrica: el fondo soberano de Catar -QIA-, BlackRock y Norges Bank.
Sin embargo, estos proxies han advertido su preocupación por las elevadas remuneraciones de los consejeros de la eléctrica: ISS ha destacado que siguen siendo los mejor pagados de España y están entre los mejor remunerados de Europa; y a Glass Lewis le inquietan los incentivos a largo plazo.
Recuerden también que Galán se ha colocado como el directivo mejor pagado dentro del Ibex 35 y dentro del sector energético en 2023, con 13,836 millones de euros. Eso sí, ha sido el segundo mejor pagado dentro de nuestras fronteras, tras Marc Puig (25,7 millones), presidente ejecutivo de Puig. Tras Galán, en las remuneraciones de Iberdrola, figura el CEO, Armando Martínez, con 4,073 millones, aunque casi no manda. Después de ambos, destacan las cifras cobradas por cinco consejeros independientes, que son muy superiores a los 500.000 euros… y a partir de esta cifra su independencia se puede poner en entredicho: Juan Manuel González Serna ha recibido 791.000 euros; el exministro pepero Ángel Acebes, 766.000 euros; Anthony L. Gardner, 760.000 euros; Sara de la Rica, 609.000 euros; y María Ángeles Alcalá, 597.000 euros.
Y no olviden que en la Junta se votará la propuesta de acuerdo sobre la modificación de algunos artículos de los Estatutos Sociales y la inclusión de dos nuevos para reforzar la involucración continuada y permanente de los accionistas, algo que, entre otras cosas, supone la imposición a los consejeros de la obligación de comprar acciones de la eléctrica. Esto último no deja de ser curioso y sorprendente a la vez, porque entonces los consejeros independientes ya no tendrían esa consideración, sino que al ser propietarios de acciones de la compañía, en principio, deberían tener la categoría de dominicales.