El impuestazo a las energéticas, al igual que el de la banca, sigue dando que hablar por su prórroga, recogida en el acuerdo entre PSOE y Sumar, sin modificar lo peor y con parches. Y tras la amenaza de Repsol al Gobierno, ahora avisa el sector petrolero señalando que pone en peligro 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética... y con ello alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En concreto lo ha hecho a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la cual está formada por la española Repsol, Cepsa (propiedad del fondo soberano de Abu Dabi y del fondo de inversión Carlyle), la británica BP, la portuguesa Galp, la neerlandesa Gunvor (dedicada al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos y otros derivados de la industria petrolera) y la italiana Saras (la cual tiene operaciones en refino de petróleo, comercialización, transporte y generación de energía)-. Esta asociación ha afirmado que “las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria” y que el citado impuesto “penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre”.
Asimismo, la AOP ha insistido en que dicho gravamen “se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas”, pero el mismo “va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios”.