Colonial, la socimi especializada en alquiler de oficinas en París, Madrid y Barcelona, entra en números rojos en 2023, con unas pérdidas de 1.019 millones de euros en 2023, frente al beneficio de 8 millones del año anterior, como consecuencia de la caída del 9% en la valoración de sus activos inmobiliarios, que sufrió el impacto del alza de los tipos de interés, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Desde la compañía aclaran que estas pérdidas no suponen una salida de caja, sino que se debe a la aplicación de la normativa que obliga a las socimis a incorporar esta caída de valor al resultado neto, algo que también pudimos ver hace unos días con su competidora Merlin Properties. Y aseguran que, si no fuera por este efecto contable, su beneficio hubiera crecido un 7% este año, alcanzando los 172 millones de euros, lo que supondría el mayor beneficio de la historia de la sociedad anónima cotizada. Y es que Colonial obtuvo unos ingresos por rentas de alquiler de oficinas aumentaron un 8%, hasta los hasta los 377 millones de euros, con más de 158.000 nuevos metros cuadrados, lo que sitúa la ocupación al 97%.
Hasta aquí las 'buenas' noticias, ahora vamos a analizar tres magnitudes que, juntas, explican a la perfección en qué está consistiendo la gestión de Pere Viñolas al frente de Colonial: deuda, desinversiones y dividendo. La socimi vende como un éxito que ha conseguido reducir la deuda neta en 491 millones de euros, por lo que el consejo propondrá en la próxima junta general de accionistas un incremento del dividendo del 8%. Pero llega el momento de las desinversiones: durante el último trimestre del año 2023 y principios de 2024, se han cerrado desinversiones por un volumen de 150 millones de euros, estas operaciones forman parte de un nuevo programa de desinversiones que continuará durante el año 2024, por un total estimado de 500 millones de euros.
Es decir, mientras se deshace de propiedades para hacer frente a su pasivo, la socimi eleva su dividendo. O si lo prefieren, Viñolas está vendiendo el coche para pagar la gasolina y, al tiempo, enriquece a los propietarios, a saber: QIA, el fondo soberano de Catar, con un 19,028%; y el ingeniero mexicano Carlos Fernández González, a través de su sociedad inversora Finaccess, con un 14,831%. Recuerden que Finaccess es dueña de AmRest, la cadena de restauración que posee varias marcas propias (La Tagliatella, Bacoa, Sushi Shop y Blue Frog) y opera otras franquicias; y que es también primer accionista de Restaurant Brands New Zealand (el dueño y operador de franquicias de las marcas Carls’s Jr, KFC, Pizza Hut y Taco Bell en Nueva Zelanda). Tras QIA y Fernández González, en el accionariado de Colonial, a bastante distancia están: con un 7,375% la familia catalana Puig, dueña de la famosa perfumería del mismo nombre; con un 7,09% Águila, grupo inversor del colombiano Alejandro Santo Domingo; con un 4,239% el banco francés Crédit Agricole; con un 4,287% DIC Holding, compañía con sede en Catar; con un 3,929% el fondo BlackRock; y con un 3,016% Corporación Financiera Alba, el grupo de inversión de la familia March.
Lo que es difícil de encajar, o de comprender, apuesta por reducir deuda al mismo tiempo que ofreces un dividendo generoso a costa de vender activos. Dicho en otras palabras, Viñolas está haciendo que Colonial gaste por encima de sus posibilidades económicas. Y todo para quedar bien con los propietarios y poder enriquecerlos, eso sí, a costa del troceo de la compañía...
En contraprestación, Pere Viñolas, único cargo ejecutivo del consejo, percibió el año pasado 2,28 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior, debido a la recepción de 400.000 euros de un sistema de retribución especial que recibe en acciones. Además de este concepto, recibió 750.000 euros de sueldo, 946.000 de la retribución variable a corto plazo y 66.000 euros por otros conceptos.
Y aún queda por saber que hará Colonial, -que fue la primera empresa que se planteó su vuelta a Cataluña-, ojo, cuando vea la letra pequeña del acuerdo PSOE-Junts.