Antes de entrar en materia convendría preguntarse si las sanciones a las grandes tecnológicas son eficaces o no. Porque si no lo son, como así parece, las autoridades de competencia y los tribunales deberían aplicar otro tipo de sanciones o aumentar considerablemente las multas económicas. Mientras no lo hagan, estos gigantes no modificarán su modo de operar aunque vulnere la privacidad de los usuarios.
En este contexto, la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, (DPC por sus siglas en inglés), ha sancionado a Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp) con 251 millones de euros por una filtración de cuentas de Facebook, en 2018. Se trata, en total, de 29 millones de cuentas, de las que 3 millones eran de ciudadanos de la Unión Europea.
La DPC ha confirmado que entre los datos filtrados se incluyen “el nombre completo del usuario, su dirección de correo electrónico, número de teléfono, ubicación, lugar de trabajo, fecha de nacimiento, religión, género, publicaciones en las cronologías, grupos de los que el usuario era miembro y datos personales de niños”. O sea, todos.
A Mark Zuckerberg no le preocupa que se filtren datos privados de los usuarios, sólo le preocupa que le puedan sancionar por ello. Por eso continúa permitiendo que suceda, porque las sanciones, hasta ahora, no han sido lo suficientemente elevadas como para disuadirle. Lo mejor, en cualquier caso, sería prohibir Facebook. Es una lástima que Zuckerberg no cumpliera su amenaza, en 2022, de irse de Europa.