En pleno periodo de vacaciones, Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez, ha visto alterado su descanso. Y es que ha sido denunciado por Abogados Cristianos por malversación de caudales públicos cuando presidía Correos, un delito recogido en el artículo 432 del Código Penal y que está castigado con penas de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público.
Esto no es baladí y mucho menos teniendo en cuenta el mal estado en que dejó Correos, el cual ahora trata de enmendar Pedro Saura. Además, Serrano está al frente de las autopistas del Estado como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que lidera Óscar Puente. Un nuevo cargo público que le fue otorgado a Serrano, pese a no tener experiencia previa en materia de autopistas: es un diplomado en Ingeniería Técnica en Informática y licenciado en Derecho que ha trabajado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), también como jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y como presidente de Correos.
La Fundación que preside Polonia Castellanos ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción de Madrid a Serrano por las elevadas pérdidas de Correos (unos 700 millones de euros) durante su presidencia, aunque anteriormente se ha llegado a estimar que fueron mayores. Unos números rojos que se produjeron a pesar de recibir más de 1.400 millones en subvenciones. Asimismo, se ha denunciado que el ex jefe de Gabinete de Sánchez fue colocado a dedo con un sueldo superior a los 200.000 euros anuales y que usó la empresa pública de servicio postal para promocionar el comunismo y la ideología de género, todo ello para tener contentos a los socios del Gobierno Sánchez (Podemos) y al lobby LGTBI, y usando dinero público, por supuesto.
Abogados Cristianos ha referido que durante el mandato de Serrano en Correos, se destinaron miles de euros a la emisión de sellos con tinte ideológico con motivo del centenario del Partido Comunista de España -PCE- (contribuyendo a su blanqueamiento de su criminalidad), la fiesta del Orgullo LGTBI, el 8M o la Agenda 2030; así como en el pintado de buzones, furgonetas y oficinas con la bandera arcoíris. Para Castellanos todo esto supone un ejemplo de cómo “Sánchez utiliza su cargo para enriquecer a su círculo cercano e imponer su ideología”.