Los laudos de las renovables siguen dando que hablar y dañando la reputación de España fuera de nuestras fronteras. Y ojo, porque ahora Reino Unido ha pasado de la amenaza de embargo a llevarlo a cabo... y esto podría sentar precedente.
Un pequeño inciso. El tema de los laudos tiene historia y es culpa del PSOE, no del PP como dice la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera. Empezó cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en concreto a través de sus dos ministros de Industria, Turismo y Comercio (los socialistas catalanes José Montilla y Joan Clos), decidió dar unas generosísimas primas a las renovables garantizando a los inversores una rentabilidad del 22% a 50 años... y disparando el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros (el cual cerró 2022 en 10.016 millones y aún tardaremos años en acabar de pagar). Un desastre del que se dio cuenta el socialista Miguel Sebastián cuando tomó el relevo a Clos en el Departamento de Industria, Turismo y Comercio, y por eso empezó a recortar dichas primas en el año 2010. En esta tarea profundizó su sucesor, el pepero José Manuel Soria en 2013, bajando la rentabilidad que se garantizaba a los inversores de energías verdes al 7,398%. Asimismo, el Tribunal Supremo señaló que la rentabilidad no podía ser del 22%, sino del 7-9%. Y claro, el recorte a las primas provocó la llegada de reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías en laudos internacionales contra España.
Por cierto, este sistema de laudos es una justicia privada que se inventaron los anglosajones en la que no hay juez sino sólo abogados... y como estos no pueden tomar medidas a veces estas llegan por medio de los tribunales de justicia. Este ha sido el caso que nos ocupa: el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha decidido embargar cuatro cuentas bancarias (en el Banco Santander) del Estado español, en concreto pertenecientes al Instituto Cervantes, por valor de casi 806.000 euros para cubrir los impagos al grupo Blaskett. Estos impagos corresponden al ‘caso Infrared’ que refiere la victoria de Blaskett y la derrota de España en un laudo en el CIADI (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial) que empezó en 2014 y acabó en 2019, confirmando el laudo en marzo de 2021. La denuncia pedía una compensación de 75,7 millones, que se redujo a 28,2 millones en la sentencia final. Sin embargo, España se negó a pagar y supera a Venezuela como el país con más laudos internacionales impagados. Los impagos de los arbitrajes de las renovables superan, por ahora, los 1.160 millones, lo que ha provocado amenazas de embargos en varios países (Reino Unido y Australia, entre otros), y las del primero han llegado ya a la justicia ordinaria y se han ejecutado. ¡Ojo!
A Pedro Sánchez, a quien le gustan mucho más las multinacionales extranjeras que las empresas españolas, habría que preguntarle si no hubiera sido mejor pagar y evitar un nuevo daño a la reputación de nuestro país. Cabe recordar que hace unos meses, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abrió la puerta a que el Estado pagara los laudos de las renovables, algo a lo que Ribera se negaba. Más valdría que el Gobierno hubiera hecho caso a Calviño porque el embargo dictado por la justicia de Reino Unido podría sentar precedente y desprestigiar aún más a nuestro país.