El cabreo de Telefónica, Vodafone y Orange, miembros de DigitalES, la patronal de las telecos, viene justificado porque el Congreso de los Diputados ha presentado, en la mañana de este jueves, un documento que aplaza a 2023 la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de RTVE, previsto inicialmente para 2022. Así constaba en el Anteproyecto de Ley anunciado por el Gobierno, en mayo, y que ahora, en el último momento, ha modificado.
“Esta salvedad pone en riesgo los despliegues de redes inmediatos y, por tanto, la posición de ventaja competitiva que ostenta España en infraestructuras de telecomunicaciones”, denuncia la patronal en un comunicado.
Telefónica, Vodafone y Orange contaban con la eliminación de la ‘tasa RTVE’ en enero de 2022, doce años después de su aprobación y que implicaba un doble gravamen: sobre su condición de operadores y sobre su actividad como productores audiovisuales.
La nueva Ley, la que acaba de modificar el Gobierno, prevé eliminar el primer impuesto y ampliar el segundo a todos los actores que compiten en ese mercado, incluidos “los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional”, establece la Ley.
En otras palabras, la nueva norma incluye a Netflix, HBO, Amazon y demás plataformas. Y miren por dónde, la modificación del texto se ha producido tras la amenaza de Gabriel Rufián de tumbar los Presupuestos si el Gobierno no exige a estas plataformas un porcentaje de emisiones en catalán. En teoría, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no sería descabellado pensar que estas multinacionales le hayan exigido al Ejecutivo aplazar la eliminación de la ‘tasa RTVE’ a cambio de emisiones en catalán.