Hace unos días analizábamos cómo estaba el mercado laboral en España, las tasas de absentismo y las vacantes en máximos, líderes en desempleo de la UE y la OCDE, pero Yoli quiere reducir la jornada.
Con este contexto, CEOE, Cepyme, el Ministerio y los sindicatos tienen prevista una reunión esta tarde para intentar llegar a un acuerdo, aunque recuerden que para Yolanda, CCOO y UGT no es del todo necesario que la patronal acepte, porque pueden firmar ellos y obligar a Garamendi y a Cuerva, como ya han hecho en otras ocasiones con pactos para aumentar el Salario Mínimo o para aumentar las pensiones.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no cree que haya avances en la postura de la CEOE y Cepyme: "No tiene pinta, escuchando las declaraciones previas que han hecho algunos responsables empresariales". Y advierte que, de ser así, pedirá al Gobierno tome "las riendas del asunto" y cierre un acuerdo sólo con las organizaciones sindicales. Sordo ha acusado a la CEOE de intentar dilatar las negociaciones a ver si pasa el verano y "se encalla un poco más la situación política".
Unai Sordo, sobre la reducción de jornada: "No tiene pinta de que haya avances, esta negociación no da mucho más de sí"#LaHora1Jhttps://t.co/W2XU5eYbgg pic.twitter.com/LOSJ1maSQY
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2024
En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido "hacer todo lo posible" para cerrar un acuerdo, aunque para ello "la CEOE debe jugar menos a la política y la política menos a la CEOE".
Y también con la misma idea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que directamente ha acusado a la CEOE de situarse con "con el extremo derecha" por su negativa: "Solamente Vox está diciendo y un sector determinado de la patronal que esto es muy negativo".
A la espera de la reunión, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en un estudio difundido este lunes: rebajar "forzosamente" por ley la jornada elevará los costes empresariales y las horas extra. En un artículo elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola, los expertos de Fedea argumentan que "esta iniciativa política unilateral" afectará al 67% de los trabajadores.
Para Fedea, esta medida que quiere implantar al Gobierno con o sin acuerdo social parte de dos premisas "discutibles": que se necesita una ley para reducir la jornada laboral y que esta medida eleva la productividad y no afecta a los costes unitarios de producción.
Fedea argumenta que en la mayoría de los países de la OCDE, el límite legal de horas semanales normales está fijado en 40.
Apuntan que habrá ocupaciones en las que una jornada más corta pueda traducirse en una mejora de la productividad, aunque no necesariamente de la misma magnitud, "pero también hay muchas otras en las que esto no es cierto".
"Por tanto, cabe esperar que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas", y avisa además de que "esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB".
Fedea apunta a otras "consecuencias colaterales" como es el uso de las horas extraordinarias, además de otros: la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales; la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos; el aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas, o la puesta en riesgo de la desconexión digital si se mantienen exigencias de rendimiento.
Y advierten de que los efectos negativos serán mayores en las empresas más pequeñas, y en determinados sectores, como el turismo, la hostelería y el comercio.