La economía española crecerá este año un 1,8%, siete décimas menos que en 2023, debido al menor impulso fiscal y al debilitamiento de las exportaciones. Según las previsiones económicas para España 2024-2025 presentadas hoy por Funcas, la demanda nacional aportará los 1,8 puntos al PIB, con una contribución del consumo público de apenas cuatro décimas, la mitad que en 2023. La aportación del sector exterior será nula, frente a las ocho décimas que sumó el año pasado, explica en su nota de prensa. 

El impulso, por tanto, procederá del consumo privado y del ligero repunte previsto de la inversión, lo que explica la revisión al alza de la previsión de crecimiento (tres décimas más que en enero). La prórroga presupuestaria hace necesario el recurso acelerado a los fondos europeos, que no están sujetos a las normas de congelación del gasto, de modo que el impulso del programa Next Generation podría ser algo mayor que en 2023. Además, el consumo privado se sostendrá gracias a los ingresos aportados por la creación de empleo y al desembolso de una parte del ahorro acumulado el año pasado como consecuencia de la desinflación. Funcas prevé que parte de ese exceso de liquidez desaparezca este año, por lo que la tasa de ahorro bajaría al 10,3%, todavía por encima de la media histórica.

“Uno de los puntos que más nos preocupa es la débil evolución de la inversión”, ha señalado Carlos Ocaña, director general de Funcas. “De no recuperarse pronto, se verían afectados el crecimiento a corto plazo y también las perspectivas de crecimiento a largo plazo. A su vez, la inversión es muy necesaria para la corrección de los desequilibrios presupuestarios”, ha explicado. El desempeño de esta variable, negativo desde la pandemia, es especialmente preocupante en comparación con la media de la UE, pese a que el sector industrial español ha aguantado mejor la crisis que otros países de la eurozona y pese a ser el segundo país receptor de fondos europeos.

Todos los componentes del PIB han recuperado los niveles prepandemia, excepto la formación bruta de capital fijo, que en 2023 aún se situaba un 3,5% por debajo del nivel de 2019. En ese periodo, el consumo de las administraciones públicas ha tenido especial protagonismo, con un crecimiento del 10,9%. Ahora, el contexto estará marcado por una política fiscal más restrictiva por la reversión progresiva de las ayudas adoptadas para hacer frente al brote inflacionario y por la prórroga presupuestaria este año, lo que se une a la necesidad de cumplir con las reglas fiscales europeas. La política monetaria seguirá centrada en la vuelta al objetivo de inflación de manera sostenida por lo que el BCE solo empezaría a bajar los tipos de interés a partir del verano, y lo haría de manera gradual.

El desempeño de la inverrsión, negativo desde la pandemia, es especialmente preocupante en comparación con la media de la UE, pese a que el sector industrial español ha aguantado mejor la crisis que otros países de la eurozona y pese a ser el segundo país receptor de fondos europeos

Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, ha advertido de que “en este contexto de debilidad de la inversión, existe el riesgo de que el volumen de inversión no sea suficiente para mantener el stock de capital, lo que constreñiría la capacidad de crecimiento a largo plazo de la economía española, así como el crecimiento de la productividad y el avance tecnológico. En este sentido es de crucial importancia mejorar la ejecución de los fondos europeos”. Para el director de Coyuntura de Funcas, “la competitividad de la economía española es un activo importante que conviene preservar con más productividad”.

En 2025, el PIB crecerá un 2%, sin cambios respecto a la previsión de enero, por la mejora de la coyuntura europea. La inversión debería afianzarse y recuperar el nivel previo a la pandemia, tanto en bienes de equipo como en residencial. El mejor comportamiento de la inversión compensaría la ligera desaceleración del consumo, de forma que la aportación de la demanda al crecimiento se mantendría en 1,8 puntos. El sector exterior aportará 0,2 puntos gracias a la mejora de los mercados de exportación.

En cuanto a la inflación, el proceso de desescalada continúa, pero puede verse condicionado por el comportamiento de algunos componentes, particularmente los servicios, y por el calendario de retirada de las medidas antiinflación del Gobierno

En cuanto a la inflación, el proceso de desescalada continúa, pero puede verse condicionado por el comportamiento de algunos componentes, particularmente los servicios, y por el calendario de retirada de las medidas antiinflación del Gobierno. Asumiendo que no habrá shock energético, la tasa media anual de inflación sería este año del 3,2%, tres décimas menos que en 2023. La reversión de las medidas antiinflación se traduce en un incremento del IPC estimado en cuatro décimas. La desinflación será más pronunciada en 2025 y el IPC avanzará un 2,3%, acercándose al objetivo del BCE. El deflactor del PIB, variable que mejor aproxima la inflación subyacente, evolucionará al compás del IPC.

El ciclo de creación de empleo proseguirá y permitirá que la tasa de paro baje al 11,2% a finales de 2024, nivel todavía muy elevado en comparación europea. En 2025 la tasa de paro caería hasta el 10,3% a final de año. 

El menor crecimiento económico junto con la desinflación y la subida de los tipos de interés dificultarán la corrección de los desequilibrios presupuestarios. Este año el déficit público bajaría al 3,2% del PIB por la reversión de algunas medidas antiinflación y la congelación de parte del gasto debido a la prórroga presupuestaria. La deuda se reduciría hasta el 106,2%. En 2025 el déficit se acercaría al 3% y la deuda se situaría por debajo del 105%. Para los países como España con un endeudamiento superior al 90%, la normativa europea exige un descenso de la ratio de deuda pública sobre PIB de al menos un punto porcentual cada año. Otra condición es que el déficit descienda al menos 0,25% puntos cada año hasta alcanzar el 1,5% del PIB. Con un esfuerzo de inversión incrementado, la doble norma de déficit y deuda se cumpliría con ajustes graduales. Sin embargo, en un escenario de persistencia de la actual debilidad de la inversión, el criterio de deuda exigiría un ajuste fiscal abrupto a partir de 2026.