El pasado diciembre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó el informe que elaboró la Comisión Asesora del salario mínimo interprofesional (SMI) para determinar cuál debe ser la subida que debería experimentar esta renta en 2023. 

El informe contempla una nueva horquilla para el Salario Mínimo Interprofesional, que va desde los 1.046 euros a los 1.082, lo que corresponde a subidas de entre el 4,6% y el 8,2%: planteando cuatro posibles incrementos, los escenarios intermedios quedarían en el 5,4% hasta 1.054 euros y 6,6% hasta 1.066 euros. 

Las negociaciones continúan y hoy el ministerio se ha reunido con UGT y CCOO. A la mesa de diálogo no ha acudido la CEOE, y la reunión terminaba sin acuerdo. Pero para algo están los grandes líderes sindicales: Unai Sordo y Pepe Álvarez, han anunciado que se iban camino del ministerio para hablar con Yolanda y conseguir un acuerdo. 

Y lo han conseguido. Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo ha anunciado en su intervención en el Senado: el Salario Mínimo Interprofesional subirá un 8% para situarlo en en 1.080 euros en 2023.

En declaraciones previas a la reunión, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó que esperaba cerrar un acuerdo con CCOO y UGT hoy mismo y ha "lamentado profundamente" que la CEOE haya decidido no asistir a la reunión: "Es una irresponsabilidad" y le pedía a la patronal que "reflexione" y que volviera a la mesa.

La secretaria confederal de CCOO, Mari Cruz Vicente, criticó también la ausencia de la CEOE: "Esto demuestra que las organizaciones empresariales, en esta coyuntura, todo lo que se trata de incrementar salarios, parece que lo rehuyen. A mí y a mi sindicato nos parece una falta de responsabilidad". 

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, responsabiliza al Gobierno y a la falta de respuesta del Ministerio de la ausencia de la patronal en la mesa: "Si yo mando a alguien a la mesa, porque va gente técnica, no tiene capacidad de decir sí o no porque no tenemos una propuesta (del Gobierno). Lo mínimo es mandar una propuesta", y ha asegurado que lo que el Gobierno ha presentado es solo "una horquilla" no una propuesta: "Hay una horquilla, pero no sabemos más. A mí los expertos no me tienen nada que decir. Yo represento a las empresas, que son las que pagan los salarios".

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, también ha hablado del encuentro y ha reprochado al ministerio la falta de propuestas: "Es indudable que los trabajadores están pasando una mala situación, sobre todo los que están en SMI, autónomos y pequeñas empresas. Es inviable seguir aumentando más los costes laborales (...). Estamos poniendo en riesgo la viabilidad de muchas actividades. Subir el SMI de forma desproporcionada va a hacer poner en serio peligro la viabilidad de muchos autónomos y muchas empresas", ha alertado Amor. 

Amor no va desemcaminado cuando habla de los costes laborales. Sí, hay que subir el salario mínimo, y debe subir mucho más que 1.082 euros brutos al mes por 40 horas de trabajo, el problema es que el empresario no solo tiene que pagar más, sino que hay que sumar las cuotas que paga y las retenciones del IRPF que también abona (todo sale de la empresa)... y que no cobra el obrero, sino doña Yolanda Díaz y don José Luis Escrivá. 

Hay que subir el SMI pero, al mismo tiempo, para no aumentar la economía sumergida y no asfixiar a las empresas hay que suprimir las cuotas sociales y, en la medida en que sea posible, bajar las retenciones del IRPF para los trabajadores que cobran ese salario mínimo.

Dicho en otras palabras, que el trabajador cobre más y el Estado ingrese menos. Porque esto es lo que ocultan socialistas y podemitas: que subir el salario mínimo implica subir los impuestos laborales, y que, entonces, el empresario se ve obligado a echar mano de la economía sumergida y el trabajador a aceptarlo.