En Perú continúan los líos en la vida política, después de que en 194 días tuviera cuatro primeros ministros… Aunque el cuarto, Aníbal Torres, aún sigue en su puesto, Perú Libre, el partido del presidente, el comunista Pedro Castillo, está en minoría tras la salida de diez diputados. Y claro, Castillo intenta tapar esta debilidad institucional, al estilo del mexicano Andrés Manuel López Obrador o el chavista Nicolás Maduro,… cargando contra el colonizador español. Ahora, el organismo de la competencia peruano demanda unos 4.300 millones de euros a Repsol y Mapfre, entre otras empresas, por el derrame de crudo que tuvo lugar el pasado 15 de enero.

Recuerden que cuando Castillo tomó posesión a finales de julio pasado, en presencia del rey Felipe VI, entre otras autoridades, refirió que “durante cuatro milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos (término despectivo que se usa para referirse a un traidor), y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales”. Castillo también criticó el proceso de independencia del Perú en 1821 y la explotación de la Corona Española. Recuerden que Perú Libre es un ideario inspirado en el marxismo-leninismo que reivindica el pasado prehispánico del país, dejando a un lado el aporte español, al que acusa de colonizador.

Ahora, Castillo tiene una nueva ocasión para hacerlo, aunque con el único fundamento de esconder su propia debilidad institucional e intentar contentar al ala más radical de su partido, en la que entre otros se encuentra Vladimir Cerrón. Tras conocerse la demanda millonaria a Repsol (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d'amico Armatori (Italia) -propietario del buque Mare Doricum-, el propio Cerrón señalaba en Twitter que “Ahora sí hay Indecopi”. Y es que la demanda judicial la ha presentado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En un comunicado, Repsol ha referido que la demanda es “infundada, improcedente e incongruente, porque no atiende a las causas del derrame; ni a las labores de limpieza y remediación ya completadas por Repsol; ni a los cauces de atención a los afectados establecidos”. Asimismo, no hay que olvidar que la zona del derrame ya está limpia y que Repsol ha invertido 150 millones de dólares (unos 144 millones de euros) en la limpieza y remediación, así como en el adelanto de las compensaciones. Además, destaca que “toda la información disponible hasta la fecha permite concluir que el derrame fue causado por el desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el momento de la descarga de crudo, lo que produjo la rotura de la instalación submarina”.

Esta misma tesis es por la que hasta ahora apuesta la Fiscalía peruana, que señala que “aparece con mayor nitidez la relación del movimiento del buque Mare Doricum con la rotura y/o desplazamiento del PLEM (colectores finales de tuberías”, cuando descargaba en la refinería La Pampilla. Y ojo, el capitán, el italiano Giacomo Pisani, y el primer oficial del buque, el indio Nitesh Giacomo Dwivedi, han huido del país y la Fiscalía ya ha emitido una orden de extradición. De hecho, Pisani salió de Perú el pasado 9 de marzo, al día siguiente de la audiencia donde se trataba el impedimento de salida.

No hay que olvidar que no es la primera vez que Perú intenta echar balones fuera y culpar al “colonizador español”: tras el derrame, en un primer momento, trató de esconder su negligencia culpando a Repsol a pesar de que Perú fue el único país que no alertó de tsunami.