Pese a la euforia de Sánchez, la Comisión Europea le dio un “toque” al Gobierno español: “Los niveles de déficit y deuda siguen siendo elevados"

Ayer fue noticia que la Comisión Europea ha decidido no abrir expediente a España por registrar en 2023 un déficit del 3,64%, cuando las reglas fiscales que vuelven a regir tras la pandemia de covid lo establecen en un 3%.

La razón que esgrimió Bruselas fue el supuesto compromiso del Gobierno español en rebajarlo, tras haber ido reduciéndolo poco a poco, desde el 6,73% en 2021, el 4,73% en 2022 y el 3,64% en 2023.

Así, España no tendrá que ejecutar el ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB al año (7.300 millones de euros en el caso español) que le habría exigido Bruselas si le hubiese abierto expediente. 

En la sesión de control al Gobierno de ayer, el presidente Pedro Sánchez se apresuró a sacar pecho: “Acabamos de recibir una extraordinaria noticia, la Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas”.

Sin embargo, la Comisión Europea también le dio algunos "toques" a España.

Por ejemplo, en lo referente a la deuda pública española, que en este momento se encuentra en el 107% del PIB pero debe bajar --según las reglas fiscales- hasta el 60% del PIB: “Los niveles de déficit y deuda siguen siendo elevados, lo que exige nuevas medidas para consolidar la posición fiscal y corregir los riesgos para la sostenibilidad de la deuda”.

En sus recomendaciones, la Comisión Europea instó a España a “presentar oportunamente” un plan de ajuste fiscal y estructural a medio plazo, alertando de que los riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo “son altos”. 

Bruselas también destacó que el "PIB per cápita se mantiene por debajo del 75% de la media de la UE en ocho regiones españolas".

Añade que "sigue siendo necesario promover la integración de incorporar a los desempleados de larga duración y a los trabajadores de mayor edad al mercado laboral, reforzar orientación profesional".  

Además, Bruselas urge a España a "presentar oportunamente el plan fiscal-estructural de mediano plazo. De acuerdo con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el crecimiento del gasto neto en 2025 a una tasa coherente con la colocación de la deuda de las administraciones públicas en una trayectoria descendente plausible a medio plazo y la reducción del déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% del PIB valor de referencia del Tratado. Garantizar la sostenibilidad fiscal, entre otras cosas: revisando y simplificando el sistema tributario para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición verde; y mejorar la calidad, eficiencia y equidad del gasto público".

Además, el Gobierno debe “fortalecer la capacidad administrativa para gestionar los fondos de la UE, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la implementación de reformas. Abordar los retrasos emergentes para permitir una implementación continua, rápida y efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones para agosto de 2026. Acelerar la implementación de los programas de la política de cohesión. En el contexto de su revisión intermedia, seguir centrándose en las prioridades acordadas, considerando al mismo tiempo las oportunidades que ofrece la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa para mejorar la competitividad".

Así como "mejorar la gestión del agua para abordar mejor la adaptación a los efectos presentes y futuros del cambio climático y garantizar la resiliencia económica, social y ambiental a largo plazo, mejorando la coordinación entre todos los niveles de gobierno y administración y ampliando las soluciones existentes para la gestión sostenible del agua en la agricultura. inversiones en infraestructura y eficiencia hídrica, y apoyando el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza".