Si algo está claro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que María Jesús Montero ha presentado este miércoles en el Congreso, es que son las cuentas de un Gobierno progresista. Mucho gasto social -así lo llaman-, mucho empleo público, muchas subvenciones a asuntos tan determinantes como combatir el machismo rural (32 millones de euros) y, por consiguiente, más ingresos es decir, más impuestos.
Un ejemplo del progresismo del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez: el presupuesto del Ministerio de Igualdad se ha incrementado más de un 14% y supera, por primera vez en la historia, los 500 millones de euros. Irene Monrtero luchará, por ejemplo, contra el machismo rural o promocionará la “ensoñación lúbrica de un chapero cinematográfico antes de la pornovisualidad”.
Mientras, el presupuesto destinado a fomentar la natalidad ha quedado congelado en los ridículos 100 euros al mes por hijo y solo durante los primeros 3 años de vida. Ayudar a la maternidad no es progresista, y eso que las cuentas públicas destinarán más de 4.000 millones para combatir la despoblación, afrontar el reto demográfico y luchar contra la vulnerabilidad territorial. En esta partida se incluyen, por ejemplo, 600 millones de los fondos europeos para el despliegue del 5G. Para la natalidad, nada de nada.
Los PGE de 2022, atención, contemplan unos ingresos del 39,5% sobre el PIB y unos gastos del 44,5% del PIB. En otras palabras, esos cinco puntos de diferencia habrá que cubrirlos con más deuda o más déficit. Eso sí es progresista.
Estamos hablando de las cuentas de un país envejecido y agotado, que destina el 37,29% del gasto total a pagar las pensiones. En total, 171.165 millones de euros, un 4,8% más que lo previsto en 2021. Y cuidado, porque la partida se podría disparar si la inflación supera el “dos y algo por ciento” con el que cerrará el mes de noviembre -mes de referencia-, según la ministra de Hacienda. Que no nos pase nada.
Los PGE contemplan una subida del 2% del sueldo de los funcionarios. Parece de justicia. No lo parece tanto el hecho de que ese aumento vaya acompañado de un aumento del número de funcionarios, que son “el alma” del Estado del Bienestar, según Montero. Vale, hacen falta más sanitarios, más policías, más jueces…, pero, ¿de verdad hacen falta más funcionarios para realizar trabajos administrativos? ¿Dónde está la digitalización? Al parecer, hay que engordar “el alma” del Estado. Hablamos del 4,2% del gasto total: 19.229 millones de euros.
Volvamos a la deuda pública. Montero confía en que se reduzca hasta el 115% del PIB en 2022 (ahora supera el 120%) y el déficit, hasta el 5% y, por tanto, ha calculado que su coste, el de la deuda, se reduzca un 4,7%, hasta los 30.233 millones de euros. Entre nosotros: esto es poco creíble. En cualquier caso, solo el coste de la deuda representa el 6,58% del gasto total de los PGE. Una barbaridad que podría ser letal si la inflación continúa disparada -la de EEUU se situó en el 5,4% en septiembre- y empuja al BCE a subir los tipos de interés.
Si el alma del Estado son los funcionarios, la gasolina es el IRPF. La recaudación de este impuesto aumentará un 6,7%, hasta los 100.132 millones de euros. Pero tranquilos, porque esto es compatible con el hecho de que son unos PGE sociales, que no sólo no castigan a la clase media, sino que la favorecen. ¿Cómo es posible? Argumento Montero: aumenta la recaudación porque la renta de los hogares aumentará un 3,5% gracias al crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de los Erte. Traducido: el aumento del gasto lo pagarán los de siempre: la clase media trabajadora.