Unidas Podemos vuelve a cargar contra grandes supermercados y distribuidoras, como hace unos meses. Ahora insiste en pedir un impuesto extraordinario sobre los beneficios con un tipo del 33% y también un cheque de entre 250 y 500 euros en función de la renta. Mientras, desde el resto del Gobierno, por ahora, no se mojan.

En rueda de prensa, Pablo Fernández, uno de los portavoces de la formación morada, ha pedido este nuevo impuesto, tomando como ejemplo a Portugal, y también ha ido más allá criticando directamente a Mercadona, al referir que es una de las cadenas que más ha subido los precios según un informe realizado por la OCU y que ha anunciado que prevé ganar 700 millones de euros en su presente ejercicio (este anuncio se produjo el pasado marzo cuando Mercadona presentó sus resultados del anterior año fiscal). Un nuevo tributo que los podemitas quieren incluir en la negociación de la prórroga del decreto de medidas respecto a la situación económica derivada de la guerra en Ucrania para 2023 y que restaría cerca de 385 millones a Mercadona, Carrefour y Lidl (las tres cadenas de supermercados con mayor cuota de mercado en nuestro país), según Ok Diario, tras el cálculo en base a sus resultados del último ejercicio.

Pablo Fernández también propone un cheque de entre 250 y 500 euros en función de la renta para que “ayude a aflojar el peso de la cesta de la compra sobre las familias”: lo recibirían más de 8 millones de hogares en un pago único. ¿Y esto soluciona algo? Es más bien pan para hoy y hambre para mañana

Fernández señala que dicho impuesto puede que tenga una “un efecto disuasorio para que estas cadenas no aumenten tanto los precios”, pues“estamos comprobando que en muchos casos estos incrementos no están relacionados con los costes, sino que se van de manera ilegítima a las grandes cadenas comercializadoras”. Recuerden que hace unos meses, Podemos también habló de un tributo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar precios de alimentos, algo que respaldaba el titular de Consumo, Alberto Garzón, pero que la ministra de Defensa, Margarita Robles, vio como una injerencia. En ese momento, Luis Planas, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, defendió a supermercados y distribuidores. Pero la cosa no acabó ahí: Yolandísima intentó apuntarse un tanto con la cesta de 30 productos a 30 euros que lanzó Carrefour, a pesar de que la cadena de distribución francesa la tenía prevista antes de que ella hablara de topar precios de alimentos. En ese contexto, las grandes distribuidoras recordaron los 400 millones de sobrecoste por las medidas de seguridad anti-Covid que tuvieron que asumir y desde la Asociación Española de Distribuidores, autoservicios y supermercados (Asedas) -de la que sí forman parte Mercadona, Lidl y DIA, entre otras cadenas, pero no Carrefour-, su director general, Ignacio García Magarzo, aseguró a El Mundo: “Pagamos un 26,8% más por los productos alimenticios a los agricultores y sólo los hemos subido al consumidor un 18,8%”. 

Ahora el podemita Pablo Fernández también ha propuesto un cheque de entre 250 y 500 euros en función de la renta para que “ayude a aflojar el peso de la cesta de la compra sobre las familias”: lo recibirían más de 8 millones de hogares en un pago único. ¿Y esto soluciona algo? Es más bien pan para hoy y hambre para mañana. Asimismo, ha pedido la congelación de la renta de los alquileres y de las hipotecas. Ya saben que los podemitas lo quieren arreglar todo con impuestos (otra muestra son los nuevos tributos extraordinarios a las energéticas y a la banca, que sí han sido respaldados por los dos partidos que forman el Gobierno -PSOE y Podemos-), subvenciones y cheques…

Planas presume de que “hemos conseguido doblegar la curva de la inflación y ahora queremos doblegar también la de los precios alimentarios” e insiste en la mentira del Gobierno refiriendo que no es un problema de España, sino “europeo y más que europeo” derivado de la guerra de Ucrania

Desde el Ejecutivo, por ahora, se mojan poco. Lo único que se sabe es que el pasado domingo, en un acto del PSC, el propio Pedro Sánchez anunció “mecanismos para contener la evolución del precio de los alimentos” antes de que acabe el año, pero sin dar más detalles. Este martes, en RNE, Planas ha seguido en la misma línea, señalando que “los objetivos son dos: limitar el incremento de los precios de la alimentación y lograr limitar también el impacto sobre las familias en general y, sobre todo, en las familias con menor capacidad adquisitiva” y que “hay que esperar unos días” para conocer las medidas.

Asimismo, Planas ha referido que “desde el Gobierno lo que queremos es que bajen los precios alimentarios. Hemos conseguido doblegar la curva de la inflación y ahora queremos doblegar también la de los precios alimentarios”. Eso sí, ha destacado que no es un problema de España, sino “europeo y más que europeo” derivado de la guerra de Ucrania. Al hilo de esto último cabe poner algunos puntos sobre las íes y volver a dejar clara la gran trola de Sánchez y Calviño, porque el IPC no se disparó por culpa de Putin: entre enero de 2021 y enero de 2022, cuando no había guerra, pasó del 0,5% al 6,1%. Además, es cierto que la inflación se va moderando (se situó en el 7,3% en octubre) un poco, pero la subyacente no (estaba en el 6,2% y los alimentos se dispararon hasta el 15,4%) y sigue subiendo: el IPC, el impuesto de los pobres, se ha moderado al 6,8% (desde el 7,3%), pero la inflación subyacente ha subido al 6,3% (desde el 6,2%), según el dato adelantado por el INE relativo a noviembre. 

Pues Mercadona es el establecimiento favorito de las rentas bajas y medias en España.