Hispanidad ya recogió que el sector de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los que se dedican a la garantizar la seguridad ciudadana, están que trinan contra la modificación que quiere hacer el Gobierno social-comunista de la conocida como ‘Ley Mordaza’, una ley que aprobó el PP precisamente para garantizar eso, la seguridad ciudadana.
Guardias civiles y policías amenazan con movilizarse ante la nueva ofensiva del Gobierno para acabar con la #LeyDeSeguridadCiudadana, vía @elmundoes
— JUPOL (@JupolNacional) December 20, 2022
⚠️Quién más perdería no serían las FFCCSE, sería la población en general.#NoALaInseguiridadCiudadana https://t.co/FRENDlis49
Los cuerpos de Seguridad del Estado, además de sobre el contenido, ahora protestan por la fecha en la que se pretende modificar la norma. Y es que el Gobierno ha elegido meter la modificación de la Ley en el último pleno ordinario del año, en el que Sánchez saldará todas sus deudas y aprobará todas las salvajadas que estime oportunas. Por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las asociaciones profesionales han avisado que si se produce el cambio, habrá otra movilización y alertan que será como la que en noviembre de este año paralizó Madrid. Tras el anuncio de que el Congreso convocara la pasada semana la primera sesión de la ponencia encargada de esta ley, les ha puesto en alerta, ya que que consideran que la modificación acaba con la potestad de los agentes.
¿Y qué es, en concreto, lo que no les gusta de la reforma que quiere hacer el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz?
Fuentes policiales afirman que los cambios depenalizan la distribución de imágenes de agentes grabadas por terceros, lo que pondría en riesgo su seguridad, además busca el no penalizar la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa y reduce las multas relacionadas con incidentes violentos
Para empezar se les limita gran parte de su material de trabajo, por ejemplo las pelotas, lo que a su parecer compromete su actuación y su "capacidad de reacción", además, de "entorpecer" su trabajo.
Fuentes policiales afirman que los cambios depenalizan la distribución de imágenes de agentes grabadas por terceros, lo que pondría en riesgo su seguridad, además busca el no penalizar la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa y reduce las multas relacionadas con incidentes violentos. Por otro lado, el cambio en la norma exige que los policías tenga que devolver en un plazo inferior a dos horas al punto inicial a un ciudadano al que hayan llevado a comisaría por no tener identificación.
Jusapol, plataforma formada por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías, avisa de las protestas. "Es otra cesión a los socios golpistas catalanes y a los filoetarras de Bildu que son el principal apoyo de Ejecutivo para gobernar España", afirma el portavoz de la agrupación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, Agustín Leal.
"Ya nos han desarmado en personal y medios y con esto van a hacerlo legalmente. Los primeros perjudicados serán los policías y guardias civiles que garantizamos la seguridad y la paz social y los grandes perjudicados, los españoles", "De salir adelante, desde Jusapol se convocará a la sociedad civil a manifestarse como se hizo en 2022".
"El Gobierno vuelve a dejar a los pies de los caballos a los policías. Esta reforma es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación del principio de autoridad que vuelve a regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático", sostiene el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.