El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avaló este miércoles la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular que lo perdieron todo tras la resolución y posterior entrega de la entidad al Santander, por un euro, en la noche del 6 al 7 de junio de 2017.

Ese es el mayor temor del Santander: tener que hacer frente a la responsabilidad civil y tener que compensar a los 300.000 accionistas y acreedores de la entidad entonces presidida por Emilio Saracho.

A lo que estamos: según el TGUE -y esta es la clave- si el Popular hubiera sido disuelto por la vía ordinaria, habría costado entre 23.400 y 34.100 millones de euros -sólo Tezanos ofrece horquillas tan amplias- y no los 11.400 millones que costó la resolución y que pagaron accionistas y acreedores.

En otras palabras, como la vía ordinaria habría sido peor para los propietarios de la entidad, no tienen derecho a compensación alguna, ni por parte del Santander ni de la propia JUR.

El secreto, como se pueden imaginar, está en quién elaboró el precitado informe, un perito presuntamente independiente. No, no fue Tezanos, sino un profesional de Deloitte, empresa que posteriormente asesoró a la entidad que preside Ana Botín, para la integración del Popular. ¿Comprenden? No era directamente un perito del Santander, pero su firma trabajó para el Santander. Precisamente, esta ‘casualidad’ será el argumento del bufete Cremades & Calvo Sotelo -defiende a miles de afectados- para recurrir la decisión del TGUE.

En definitiva, el tribunal europeo rechazó el informe de los peritos del Banco de España, contratados por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, -esto es, eran independientes- que concluyó que el Popular era solvente y viable, y tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros.