La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que, en el marco de la mesa de diálogo social para la reforma del nivel asistencial del desempleo, se creará un subsidio específico para víctimas de la violencia machista y se permitirá la compatibilidad entre prestación contributiva de desempleo y un trabajo: "Ahora damos un paso más y permitimos la compatibilidad con la prestación contributiva de desempleo".
Y es que cuando se presentó al Congreso en enero la reforma fue tumbada por PP, VOX y Podemos. Fue justo tras una de las grandes crisis de los morados con Sumar, pero según los de Belarra hasta que la prestación por desempleo fuera compatible con el trabajo, no darían su brazo a torcer.
Por lo que se espera que en la reunión de hoy lunes entre Gobierno y Agentes Sociales este sea uno de los temas a negociar: "Confío en que podamos avanzar decisivamente esta tarde y tener lista cuanto antes la reforma", ha recalcado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha recordado que la reforma "por elementos que se escapan a la razón política y a la razón de protección de los desempleados" no se pudo culminar en su momento, concretamente, el pasado enero, cuando decayó en su tramitación parlamentaria por los votos en contra de Podemos, PP y Vox".
"Una de las últimas aportaciones que pretendemos discutir ahora con sindicatos y patronales (…) es la posibilidad de compatibilizar una parte, ya veremos hasta qué punto, de la prestación contributiva de desempleo con el empleo vigente", ha declarado Pérez Rey.
Pero como Yoli siempre quiere más, va a por el siguiente hecho histórico. Así, Pérez Rey, ha asegurado que "en las próximas semanas" se convocará a los agentes sociales para avanzar en un "texto formal" para la reducción de la jornada laboral y para reformar también el Estatuto del Trabajador para adaptarlo al siglo XXI, algo que quieren llevar acabo en un tiempo "razonable". El objetivo de llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial, evidentemente.
Así, con 2,7 millones de parados y siendo el país con más paro entre los 27 que forman la Unión Europea (UE) y el de mayor desempleo entre los 38 que forman la OCDE, la ministra de Trabajo quiere aumentar las prestaciones por desempleo y reducir la jornada, todo ello repercutirá, una vez más, en las cuotas. Porque todos queremos que al parado se le proteja y trabajar menos horas, pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿quién lo paga?
Recordemos que los presupuestos se han prorrogado. Hay que remontarse a noviembre de 2022, cuando se aprobaron los PGE del 2023, que va a seguir en 2024, el primer titular con el que arranca el Ministerio de Yolandísima era el siguiente: "Las políticas de empleo suponen la segunda inversión con más dotación de los Presupuestos, solo por detrás de pensiones".
"Con los Presupuestos Generales del Estado 2023 se reparará el “recorte fatal y fatídico”, como calificaba Pérez Rey, que en 2012 redujo la prestación contributiva del 60% al 50% de la base reguladora. Desde el próximo 1 de enero, la prestación volverá a tener una cuantía del 60% de la base reguladora a partir del día 181, lo que supone un incremento medio de 100 euros en la prestación, situándola en el entorno de los 1.000 € mensuales", apuntan desde el Ministerio.
Dicho en otras palabras, el Gobierno subvenciona pensiones y paro, y como consecuencia, en los datos de paro publicados esta misma mañana, el Ministerio informa que el gasto en prestaciones por desemplo alcanzó en marzo la cifra de 1.943,3 millones de euros, un 2% más que en igual mes de 2023. Es decir, suma y sigue.
Por su lado, la CEOE ha indicado que España continúa manteniéndose a la cabeza del paro de los países de la zona euro, "lo que contrasta con el problema de algunos sectores para cubrir sus vacantes". En este sentido, CEPYME ha insistido en la necesidad de revisar las políticas activas de empleo y poner en marcha medidas estabilizadoras que alienten las decisiones de contratación "en vez de obstaculizarlas". "En definitiva, que la redefinición del papel del SEPE se acompañe de un alivio a las cargas laborales, impositivas y regulatorias".