Santiago Martínez Garrido (53 años) se ha convertido en nuevo secretario general del Consejo de Iberdrola, relevando a Julián Martínez-Simancas (70 años), dado que este último ha cumplido el límite de edad que exigen los estatutos internos para dicho puesto. Eso sí, el jubilado no se irá del todo, pues seguirá llevando todo lo relacionado con el ‘caso Villarejo’ y será asesor externo del presidente y CEO, Ignacio Sánchez Galán, como ya avanzó Hispanidad.

No ha habido sorpresas en el relevo. Martínez Garrido era vicesecretario del Consejo de la eléctrica, o sea, número dos de Martínez-Simancas, desde el 28 de abril de 2015 y también director de los Servicios Jurídicos de Iberdrola. Por tanto, ahora el albaceteño asciende de vicesecretario a secretario y seguirá manteniendo el mando de los Servicios Jurídicos, función que en otras compañías se está separando de la Secretaría del Consejo. Además, es consejero de las filiales estadounidense y brasileña, Avangrid y Neoenergia, respectivamente.

Galán ha reiterado que emprenderá “todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa, por una parte, y por otra, los intereses de sus accionistas”

Al igual que Martínez-Simancas, Martínez Garrido es abogado del Estado. Concretamente, miembro en excedencia del Cuerpo de Abogados y Letrados de la Junta de Castilla y León. También cuenta con una destacable experiencia en el sector energético y de ingeniería industrial, y en otros sectores, como en el jurídico y en el político (Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León), como se puede ver en su currículum. A partir de ahora ya podrá ahora disfrutar de que el catering le llegue a su despacho: hace tiempo, se quejó de que no tenía este privilegio que sí le correspondía a Martínez-Simancas o a los directores generales.

Respecto al ‘caso Villarejo’, tras haber subido el tono en su enfrentamiento con el juez García-Castellón, en la conferencia con analistas para presentar los resultados semestrales, Galán ha señalado que “ningún miembro del consejo de administración ni ningún alto directivo ha cometido ningún tipo de cosa ilegal”. Es más, ha referido que así lo han referido tanto la investigación independiente de PwC, como la investigación interna de la eléctrica, las conclusiones de su Unidad de Cumplimiento y también Baker McKenzie. En concreto, ha recordado que el bufete de abogados ha señalado que “en lo que al Grupo Iberdrola se refiere, no pueden considerarse jurídicamente relevantes, por lo que el impacto del procedimiento solo puede ser -en su caso- reputacional”. Por todo esto, Galán ha reiterado que emprenderá “todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa, por una parte, y por otra, los intereses de sus accionistas”. Y es que un signo de esta crisis “reputacional” se puede ver en la cotización, que ya ha caído un 14,27% desde el inicio del año.