Va llegando a su fin una semana movida en muchos aspectos, sobre todo en política, pero que también ha tenido alguna que otra chispa dentro del sector energético. De hecho, este último está cada día más intranquilo,… y no sólo por lo que pase con el ‘impuestazo’, sino también por la futura revisión de la regulación y la retribución de las actividades eléctricas.
Al hilo del impuestazo, que grava el 1,2% de los ingresos de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, conviene recordar que se aprobó como algo temporal y extraordinario, y que resulta injusto y discriminatorio. Ahora la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -que agrupa a BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras- ha advertido que convertir dicho gravamen en permanente afectará a las inversiones en transición energética e imposibilitará alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). También ha alertado de que dificultará la adaptación de los complejos industriales a los retos de la transición y frenará el desarrollo de la industria del hidrógeno y los combustibles renovables. Además, ha insistido en que “no hay justificación en las circunstancias actuales para un impuesto adicional al sector, que resultaría discriminatorio y económicamente contraproducente”.
Hace casi un año, la AOP ya avisó de que la prórroga del ‘impuestazo’ ponía en peligro 16.500 millones de euros en inversiones para la transición. Es cierto que, por ahora, hay bastante ruido y rumores, y nada sobre el papel de que pasará con dicho gravamen, pues el Gobierno Sánchez ha perdido, por ahora, el apoyo de Junts y del PNV para prorrogarlo de forma permanente. Es más, Junts se ha hecho eco de las advertencias de la patronal catalana Foment del Treball, que ha avisado que hacer permanente el ‘impuestazo’ puede llevar a pérdida de inversiones de 1.100 millones en Tarragona. Pero ojo, porque desde el sector ya han empezado a llegar movimientos preocupantes sobre traslado y cancelación de inversiones… incluso antes de que la AOP lanzara una nueva advertencia sobre el impacto negativo en las inversiones.
Repsol ha sido la primera en dar el paso, al anunciar el traslado de una inversión de 15 millones a Portugal, en concreto, a un proyecto de hidrógeno renovable en Sines que implica la construcción de un electrolizador de 4 megavatios (MW). Asimismo, ha advertido al Gobierno de su disposición a derivar sus fondos a otros mercados y que condiciona al avance del marco fiscal el despliegue de entre 3.000 y 4.000 millones de inversión que prevé desplegar en España en su Plan Estratégico 2024-2027.
Dentro del Ejecutivo Sánchez formado por PSOE y Sumar, ha habido una respuesta más dura desde este último partido. En especial, a través de la red social X (antes Twitter) y de su portavoz económico, Carlos Martín Urriza, Sumar ha referido que quiere que el Gobierno compre un paquete de acciones de Repsol: es decir, que repita la vergonzosa ‘operación Telefónica’. Claro que en la compañía multienergética que preside Antonio Brufau y que tiene como CEO a Josu Jon Imaz no se han arredrado ante la petición de intervención: Moncloa no podría entrar en el Consejo, pues incurriría en incompatibilidad, al ser regulador del sector energético y, encima, accionista de empresas competidoras. Pero Martín Urriza (antes alto cargo del sindicato CCOO) ha insistido en su ‘guerra’ contra Repsol, al señalar que “no pagan prácticamente impuesto de Sociedades”; algo que no es cierto.
Días después, se ha conocido un segundo paso, en concreto de Cepsa, que ha decidido congelar las inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España. Y ojo, porque en el caso de la petrolera controlada en un 61,5% por el fondo soberano de Abu Dabi -Mubadala- y en un 38,5% por el fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, el aviso inicial afecta a 3.000 millones.
Fuentes de la petrolera que dirige Maarten Wetselaar han referido que están valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente. Y si esto finalmente sucede, tendría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno verde, por lo que tendrían que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos en otros países que, inicialmente, tenían planificados para una expansión internacional dentro de una segunda fase del plan estratégico Positive Motion.
Cepsa ha decidido congelar las inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España... y ojo, el aviso inicial afecta a 3.000 millones
Al hilo de todo esto, conviene tener en cuenta que a mediados de mes Cepsa firmó con Sonatrach, la empresa estatal argelina de hidrocarburos, un memorando de entendimiento (MoU) para realizar conjuntamente un estudio de viabilidad para el desarrollo de un proyecto integrado de producción de hidrógeno verde y derivados en Argelia, destinado principalmente a abastecer el mercado europeo. ¿Casualidad? Parece que no… y menos si uno recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen.
Por su parte, desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) -que agrupa a Endesa, EDP, Iberdrola, IBM, NetOn Power, Schneider Electric y Atlantica- se recuerda que el gravamen iba a ser temporal, pero ahora el Gobierno quiere que permanezca. Asimismo, se insiste en que va en contra de la normativa europea porque “grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios” y “porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria europea grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas”.
Hace ocho meses, Bogas (Endesa) ya refirió que la extensión del ‘impuestazo’ “no tiene sentido” y ahora, Ruiz-Tagle (Iberdrola España) pide incentivos fiscales a la transición en vez de convertirla en una “caja recaudadora de impuestos”
Desde Endesa no ha habido ningún pronunciamiento, sino el respaldo a lo apuntado por Aelec, pero podría haber alguna declaración cuando se presenten los resultados de los nueve primeros meses el próximo miércoles 30. Recuerden que cuando se publicaron las cifras de 2023, en rueda de prensa, el CEO, José Bogas, refirió que la transición energética tiene que ser “competitiva para el cliente y rentable para el inversor” y el director financiero, el italiano Marco Palermo, subrayó “la doble cara de la sostenibilidad” que tiene en cuenta Enel (energética italiana que es dueña del 70% de Endesa), aludiendo no sólo a la medioambiental, sino también a la financiera. Además, Bogas consideró que el PNIEC “adolece del soporte regulatorio necesario para llegar a los objetivos” y que había que mejorar la fiscalidad, pero el tiempo corre en contra y “las soluciones son urgentes”, aludiendo a que la extensión del ‘impuestazo’ “no tiene sentido”.
Desde Iberdrola, tras unos resultados hasta septiembre que siguen mostrando una elevada deuda y ante los analistas, su presidente ejecutivo, Ignacio S. Galán, ha señalado que la reforma del gravamen no deja de ser “ruido” y “rumores”, por ahora, pero eso sí, ha hablado de que “hay mucho apetito inversor en otros países como EEUU y Reino Unido, donde hay seguridad y predictibilidad en la regulación”. Por su parte, en las jornadas Metafuturo de Atresmedia, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha subrayado que dicho gravamen “no va a favor de la transición energética. No va a favor de la competitivad española. No necesitamos más impuestos a la electricidad”. Además, ha añadido que estamos “en un mundo de recursos escasos y de dinero caro, la rentabilidad es un factor decisivo para la ubicación de las inversiones”, por lo que ha pedido incentivos fiscales a la transición en vez de convertirla en una “caja recaudadora de impuestos”.
Y en el sector renovable, la patronal APPA renovables ha referido que ningún impuesto “es bueno” y que casi siempre acaba en la factura.
Claro que lo que más preocupa dentro del sector energético, principalmente a las eléctricas, es la revisión de la regulación y la retribución de las actividades eléctricas para el periodo 2026-2031. Es tarea de la CNMC y en un principio el proceso para modificar la metodología de cálculo de la retribución del transporte y la distribución de electricidad empezará a finales de este año, con el fin de que se adopte el 31 de octubre de 2025. Al hilo de este tema, hace unos meses, en la última Junta de Accionistas de Endesa, Bogas insistió en que para aumentar la inversión en redes “es necesario que la regulación mejore”. En concreto, “que se eliminen los topes a la inversión (ahora es del 0,13% para las distribuidoras -supone 2.000 millones- y del 0,065% del PIB para las redes de transporte -algo menos de 1.000 millones-) y que la remuneración sea adecuada para que la inversión tenga una rentabilidad razonable”. Recientemente, Arturo Gonzalo, CEO de Enagás, ante los analistas tras los últimos resultados de la compañía, ha referido que “aunque las circulares propias del sistema gasista aún van a demorarse un año”, una tasa de retribución financiera “razonable” se situaría en torno al 7%.