Es cierto que la demanda de acero ha caído en todo el mundo y que muy probablemente nunca se recupere y vuelva a alcanzar los niveles de hace años, pero eso no justifica la estrategia que está llevando a cabo ArcelorMittal en España: cobrar subvenciones para cerrar producción. Lo peor, en cualquier caso, no es que lo haga, sino que lo hace con la inestimable colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez.
Es el colmo del pitorreo: cobrar 450 millones de euros de subvenciones públicas (fondos europeos) con el pretexto de descarbonizar las plantas de Asturias (apunta al ruinoso hidrógeno verde) y pocas semanas después lanzar otro ERTE en esas mismas plantas.
El negocio para Lakshmi N. Mittal resulta doblemente redondo: sufraga la paralización de la producción con fondos públicos y, al mismo tiempo, se consolida como líder mundial del sector. Es el síndrome Nowa Huta, la planta polaca que adquirió tras la caída del comunismo y en la que, acto seguido, redujo drásticamente la plantilla de 40.000 a 10.000 empleados. En otras palabras, Arcelor compra fábricas a la competencia y luego las cierra. En España, además, ayudada con dinero de los contribuyentes.
El caso es tan llamativo, que hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha mosqueado con el ministerio de Industria que ahora dirige Héctor Gómez y le ha instado a revelar los detalles del acuerdo que firmó con la multinacional, según El Mundo. Hasta el momento, ni Industria ni mucho menos la compañía, han hecho caso a Transparencia.