Sumar no deja de sorprender con sus ocurrencias... y la penúltima es que quiere que el Gobierno compre un paquete de control en Repsol. Es decir, que repita la ‘operación Telefónica’, que puede degenerar en una intervención de la energética, sólo que en este caso no pueden hacerlo poniendo como excusa la protección ante los árabes, pese a la chulería que ha mostrado recientemente el ministro de Industria saudí, Bandar Alkhorayef.
Se trata de la respuesta del partido de Yolanda Díaz al traslado de inversiones de 15 millones de euros para un proyecto de hidrógeno verde a Portugal por parte de Repsol. Este movimiento de la compañía multienergética también tiene un motivo: el deseo y la intención del Gobierno Sánchez de convertir en permanente el impuestazo energético.
La respuesta de Sumar ha llegado vía X (antes Twitter), a través de su portavoz de Economía y Hacienda, Carlos Martín, en este hilo. El partido rosa no pide una nacionalización, para lo que bastaría hacerse con una elevada participación, sino una intervención, algo que conlleva entrar en el Consejo de Administración... y con ello, en la gestión. No se puede olvidar lo que a Pedro Sánchez le gusta intervenir en las empresas privadas (algo que conocen bien en Telefónica... y próximamente también podrían hacerlo en Talgo), pues el líder socialista y presidente del Gobierno no se conforma con hacerlo en las públicas y semipúblicas.
La respuesta de Sumar se produce antes de conocerse el artículo escrito por Josu Jon Imaz en La Vanguardia. Al final del mismo, refiere que le duele que el futuro “se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno
Al traslado de inversiones a Portugal no sólo ha reaccionado Sumar, sino también Unai Sordo, secretario general de CCOO y muy amigo de Yolanda Díaz. Afirmó que le parecía “obsceno” que empresas como Repsol, que han tenido “beneficios y sobrebeneficios” (olvida las pérdidas millonarias durante el Covid, por supuesto), amenacen con llevarse inversiones fuera de España por la permanencia del impuestazo energético. Como dicen en Repsol, si tenemos que pagar un impuesto especial por ganar más, ¿por qué no nos ayudaron cuando perdimos 7.200 millones de euros entre 2019 y 2020?
Claro que la respuesta de Sumar se ha producido antes de conocerse el artículo escrito por el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, en La Vanguardia este martes, titulado Industria o populismo. Al final del mismo, Imaz acaba refiriendo que le duele que el futuro “se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos” (el penúltimo ejemplo lo ha protagonizado Íñigo Errejón). E incluso se plantea “que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.
Eso sí, en Repsol no se arredran, pues Moncloa no podría entrar en su Consejo. Y es que al hacerlo incurriría en incompatibilidades legales al ser el regulador del sector energético y también accionista de empresas de la competencia (Enagás y Redeia).
Y por cierto, en el último Consejo de Ministros no se ha aprobado nada relacionado con el impuestazo. Se ve que Sánchez y compañía aún siguen negociando los apoyos de los partidos para convertirlo en permanente... Por ejemplo, Junts (el partido de Carles Puigdemont) no está por la labor y también ha mostrado su rechazo el PNV, a pesar de que iba a ser el gran beneficiado porque Petronor, filial de Repsol, es el primer contribuyente de la Hacienda vasca.
Junts se ha hecho eco de las advertencias de la patronal catalana Foment del Treball, que ha avisado que hacer permanente el impuestazo energético puede llevar a pérdida de inversiones de 1.100 millones en Tarragona. Desde el PNV, su presidente, Andoni Ortuzar, ha señalado: “Ojo con matar a la gallina de los huevos de oro”, insistiendo en que “nosotros tenemos una realidad muy industrial y sabemos que si se quita dinero de un sitio, se resienten otras partidas”. Eso sí, para minimizar el impacto del impuestazo, los nacionalistas vascos barajarían unas bonificaciones de hasta el 100% vinculadas a las inversiones y al fomento del empleo en Euskadi.