El tarifazo eléctrico ha dado un leve respiro, tras el hito histórico del pasado jueves (122,76 euros por megavatio-hora). Y por fin, después de tantos récords que van este verano, Teresa Ribera ha tocado el tema de los impuestos, que suponen casi el 60% de la factura: en una entrevista con la Agencia EFE, ha reconocido que Hacienda ya revisa la fiscalidad de la luz, aunque “no habrá resultados” hasta comienzos de 2022 y cree que es “pertinente” abrir el debate.
Ojo, porque Bruselas ya advirtió a España de lo elevada que era la fiscalidad de la luz el pasado mayo, según informa El Economista, así que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico lleva tres meses de retraso. Asimismo, la comisaria de Energía, Kadri Simson, rechazó la posibilidad de poner topas a los precios: o sea, que la propuesta de los podemitas Ione Belarra y Alberto Garzón de poner un precio fijo a la nuclear y uno máximo a la hidroeléctrica no es factible.
Ribera también se había abierto a crear una empresa pública a medida que vayan venciendo las concesiones hidráulicas, repitiendo el error de Ábalos con las autopistas, después de las muchas peticiones de Unidas Podemos para una eléctrica pública. Pero parece que las empresas públicas en el sector eléctrico tampoco solucionan nada teniendo en cuenta el actual contexto del mercado internacional de la luz (con elevados precios del gas y de los derechos de emisión de CO2): las eléctricas públicas que lanzaron los alcaldes de Cádiz y Barcelona, José María González ‘Kichi’ y Ada Colau, respectivamente, han trasladado ya los precios récord a sus clientes y aluden a que se han visto obligados a hacerlo, informa El Mundo. Y tampoco hay que olvidar que la CNMC (donde es consejero el marido de Ribera, Mariano Bacigalupo), ha pasado al ataque, denunciando que algunas eléctricas han subido un 30% el precio con la nueva tarifa por tramos horarios que entró en vigor el pasado 1 de junio.