Lo que está sucediendo con Muface es reflejo del Sanchismo: un gobierno que, centrado en sus cosas internas y hasta personales, no se ocupa de los problemas de los españoles hasta que suena la campana y su apatía se convierte en amenaza… para ellos mismos.
José Luis Escrivá asumió Muface, hasta entonces dependiente de Hacienda, en enero de este año 2024, para darle contenido al recién creado Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Todo fueron buenas palabras y ningún funcionario sospechó lo que se venía encima.
Las aseguradoras, por su parte, comenzaron ya en enero a lanzar avisos: el convenio en vigor finalizaba en diciembre y había que sentarse con tiempo para negociar las nuevas condiciones, tras la brutal subida de la inflación. Así pasó medio año hasta que, en septiembre, el Ministerio presentó un aumento del 24% de las primas, una propuesta que las compañías consideraron insuficiente, aunque aceptaron como punto de partida de la negociación.
Fue entonces cuando Escrivá cumplió su sueño y fue nombrado gobernador del Banco de España. La patata caliente de Muface, que nunca fue una prioridad para Escrivá, pasaría a su sucesor, el hasta entonces jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López.
La llegada de López no cambió nada y la negociación terminó peor que como comenzó, con un aumento de las primas (17%) que no buscaba la renovación del acuerdo sino todo lo contrario: la eliminación del modelo mutualista, siguiendo el deseo de la ministra de Sanidad, la camarada comunista Mónica García.
Ese fue el punto de inflexión -y la bofetada a Mónica García- que hizo reaccionar a Moncloa: cuidado, que las aseguradoras están dispuestas a dejar desierta la licitación si los números no les cuadran, lo que provocaría un caos tremendo en la atención sanitaria de los 1,5 millones de funcionarios que están actualmente en Muface.
Por eso, la última iniciativa de López -preguntar a las compañías qué precio están dispuestas a asumir- es lo que debería haber hecho Escrivá desde el primer momento. Ahora el tiempo apremia -la ronda de consultas termina el 4 de diciembre- y el ministro López tendrá que darse prisa: el actual convenio finaliza el 31 de diciembre, aunque la fecha tope para atender a los mutualistas es el 31 de enero de 2025. Las cartas que están enviando las aseguradoras a sus clientes están justificadas: la normativa les obliga a notificar la finalización del contrato, toda vez que la renovación del acuerdo con Muface está en el aire.
Existe una tercera opción, en manos de Moncloa, que no solucionaría nada y sólo extendería la agonía del modelo: prorrogar Muface durante nueve meses adicionales, con las condiciones actuales. Eso sería el final del modelo tal y como lo conocemos, ya que obligaría a las aseguradoras a trabajar a pérdidas, lo que provocaría una desbandada general en caso de convocar un nuevo concierto en el futuro.